El presidente interino de Perú, José María Balcázar, designó este miércoles al abogado Amadeo Flores como nuevo ministro de Defensa, en medio de una crisis política marcada por la polémica compra de aviones de combate a Estados Unidos.
Renuncia de Díaz Dañino
La designación se produjo pocas horas después de la renuncia de Carlos Díaz Dañino, quien dejó el cargo tras expresar su desacuerdo con la decisión inicial del Ejecutivo de aplazar la adquisición de aeronaves F-16. Aunque Balcázar había planteado postergar la compra para el próximo gobierno, el primer ministro Luis Arroyo confirmó posteriormente que el contrato sí fue firmado, lo que intensificó las tensiones dentro del gabinete.
Ceremonia en Palacio de Gobierno
Flores asumió el cargo en una breve ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno de Lima, en un contexto marcado también por la salida del canciller Hugo De Zela, quien dimitió por la misma controversia.
La crisis por los F-16
El origen de la crisis se encuentra en las diferencias sobre la compra de los cazas F-16 Block 70, ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin, en una operación valorada en miles de millones de dólares y considerada estratégica para la defensa nacional.
El proceso de adquisición se desarrolló bajo carácter confidencial durante la administración anterior, lo que ha generado cuestionamientos políticos y presión internacional. Además de los F-16, se evaluaban propuestas como el Gripen sueco y el Rafale francés, aunque finalmente se optó por el modelo estadounidense.
Gobierno transitorio
Estos cambios se producen en un gobierno transitorio, que se mantendrá hasta la toma de posesión de nuevas autoridades, en medio de un escenario electoral aún incierto. La controversia por la compra de los aviones ha puesto en evidencia las divisiones internas del gabinete y ha abierto un debate sobre la transparencia en las adquisiciones militares.
La llegada de Amadeo Flores al Ministerio de Defensa busca dar continuidad a las operaciones en un momento de alta sensibilidad política, mientras se espera que el Congreso y los organismos de control evalúen el proceso de compra y sus implicaciones para la seguridad nacional.
