El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a través de sus abogados Carlos Balcácer y Nellys Rivas, solicitó este miércoles al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal en su contra, alegando que el Ministerio Público incurrió en un incumplimiento procesal al momento de presentar la acusación.
Argumento de la defensa
Durante su intervención incidental ante las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Yissel Soto, Balcácer explicó que el órgano acusador solicitó una prórroga para presentar la acusación formal, la cual fue concedida por el tribunal bajo una fecha y hora específicas.
Sin embargo, sostuvo que el Ministerio Público no compareció ni depositó el expediente acusatorio dentro del plazo establecido. Conforme al artículo 153 del Código Procesal Penal vigente (antes artículo 151), al no presentarse la acusación en el tiempo acordado correspondía intimar a los superiores jerárquicos del fiscal actuante.
Incumplimiento del nuevo plazo
El jurista indicó que, tras la intimación, se notificó a las autoridades correspondientes otorgándoles un nuevo plazo para cumplir con la presentación. Según la defensa, ese plazo también fue incumplido en los términos que exige la normativa, y la acusación fue finalmente depositada por un funcionario que ya no tenía calidad legal para hacerlo.
“Solo el superior jerárquico o el procurador general de la República están facultados para presentar acusación en ese escenario, no el fiscal que originalmente incumplió”, expresó Balcácer.
Sustento jurídico
La defensa aseguró que ha sustentado este planteamiento con múltiples precedentes jurisprudenciales y doctrinarios, los cuales fueron incorporados como parte de los incidentes sometidos ante el tribunal. En consecuencia, esperan que las juezas acojan la petición y declaren extinguida la acción pública, al considerar que el Ministerio Público dejó vencer un “plazo letal” sin cumplir con sus obligaciones procesales.
Contexto del caso
Jean Alain Rodríguez enfrenta un proceso judicial por presuntos actos de corrupción superiores a los 6 mil millones de pesos durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República (2016-2020). El expediente incluye acusaciones relacionadas con irregularidades en contrataciones, sobrevaluaciones y desvío de fondos públicos.
El caso ha sido uno de los más mediáticos en la historia reciente del país, al involucrar a un exprocurador general y a varios exfuncionarios en un entramado de supuesta corrupción administrativa.
Perspectiva
La solicitud de extinción de la acción penal abre un nuevo capítulo en el proceso, que ha estado marcado por recursos, incidentes y debates jurídicos sobre la validez de las actuaciones del Ministerio Público.
De acogerse la petición, el tribunal podría dejar sin efecto la acusación, lo que representaría un giro significativo en el caso. Sin embargo, si se rechaza, el proceso continuará con la presentación de pruebas y testimonios en las audiencias programadas.
La decisión de las juezas será clave para definir el rumbo de un expediente que ha captado la atención nacional y que se considera emblemático en la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
