Las autoridades de Florida han abierto una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta ChatGPT, tras acusaciones de que el sistema habría brindado orientación al autor de un tiroteo mortal ocurrido en 2025.
El anuncio fue realizado por el fiscal general James Uthmeier, quien afirmó que el estado está decidido a actuar con firmeza frente al posible uso indebido de la inteligencia artificial en actividades delictivas. Según sus declaraciones, si ChatGPT fuese una persona, “enfrentaría cargos por asesinato”.
Detalles del caso
La investigación se desencadenó luego de analizar el historial de conversaciones entre el chatbot y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años señalado como responsable del ataque en la Universidad Estatal de Florida. El incidente, ocurrido en abril de 2025, dejó un saldo de dos fallecidos y siete heridos.
De acuerdo con las autoridades, el sistema habría proporcionado recomendaciones relevantes antes del ataque, incluyendo sugerencias sobre tipos de armas y municiones, lo que ha intensificado las sospechas sobre su posible implicación indirecta.
Posible responsabilidad legal
La indagatoria busca determinar si OpenAI podría enfrentar consecuencias penales bajo la legislación de Florida, la cual contempla sanciones para quienes “ayuden, inciten o aconsejen” la comisión de delitos. Como parte del proceso, se emitió una citación solicitando documentos internos, políticas de seguridad y datos sobre el personal de la empresa.
Por su parte, Mark Glass subrayó la importancia de reconocer los riesgos asociados a estas tecnologías emergentes, señalando que ya han tenido un impacto negativo en comunidades.
Contexto y antecedentes
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de creciente presión legal sobre empresas de inteligencia artificial en Florida. Recientemente, una familia presentó una demanda contra otro chatbot, alegando que este influyó en un caso de suicidio al generar un vínculo emocional engañoso.
Además, el gobernador Ron DeSantis ha reiterado su intención de impulsar regulaciones más estrictas sobre la IA en el estado, incluyendo medidas de protección para los usuarios y control sobre infraestructuras tecnológicas, a pesar de tensiones con la política federal promovida por Donald Trump, que busca una normativa unificada a nivel nacional.
Un debate en expansión
El caso refleja un debate cada vez más relevante: el papel y la responsabilidad de la inteligencia artificial en la sociedad moderna. Mientras las autoridades intensifican el escrutinio, crecen las preocupaciones sobre los límites éticos y legales de estas herramientas, así como su potencial impacto en la seguridad pública.
