La abogada Ingrid Hidalgo, representante del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, respondió este viernes a los argumentos del Ministerio Público durante la audiencia preliminar del caso de la red semafórica del Gran Santo Domingo, cuestionando la solidez de las pruebas presentadas.
Conversaciones en WhatsApp
Uno de los puntos más destacados de la acusación fue la presentación de una conversación entre Beras y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), en la que supuestamente se coordinaba la adjudicación irregular de un contrato.
Hidalgo restó valor a este elemento, afirmando que “cuando uno no tiene de dónde sacar, uno se pasa el 60% contando chistes de conversaciones”. Según la jurista, el Ministerio Público no ha demostrado que esas comunicaciones configuren delitos como estafa o asociación de malhechores.
Naturaleza administrativa del caso
La defensa sostuvo que, de existir irregularidades, estas se enmarcan en el ámbito administrativo bajo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, modificada por la 47-25, cuyas sanciones contemplan la destitución del cargo, no consecuencias penales.
En ese sentido, Hidalgo afirmó que no se ha probado que las actuaciones atribuidas a su defendido constituyan delitos y recordó que la Dirección General de Contrataciones Públicas, en una resolución de noviembre de 2023, recomendó sanciones disciplinarias contra funcionarios del Intrant, sin derivar en acciones penales.
Críticas a la acusación
La abogada cuestionó la coherencia del Ministerio Público, señalando que en casos similares otros funcionarios fueron únicamente destituidos sin ser sometidos a la justicia penal.
No obstante, reconoció la calidad de la exposición realizada por el fiscal Jonathan Pérez Furcal, al presentar las conversaciones en audiencia: “Lamentablemente su proceso no tiene fundamento probatorio, pero hizo una magistral presentación”, expresó.
El contrato en disputa
El contrato señalado fue suscrito entre el Intrant, bajo la gestión de Beras, y la empresa Transcore Latam, vinculada a Gómez Canaán, por un monto superior a mil millones de pesos.
El Ministerio Público sostiene que desde marzo de 2023 ya se hablaba de la adjudicación y su calendario, pese a que el proceso de licitación no había agotado etapas fundamentales como la prueba de concepto y la apertura de ofertas.
Los demás imputados
Además de Beras, figuran como procesados:
- Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero.
- Carlos José Peguero Vargas, junto a otros vinculados como Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Entre las empresas señaladas se encuentran Transcore Latam, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana, Dekolor, Aurix, Inprosol y OML Inversiones.
Acusaciones del Ministerio Público
El órgano acusador asegura que la investigación arrojó evidencias de un entramado delictivo que incluye corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Según la acusación, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios y financieros con las empresas mencionadas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos.
Proceso judicial
El caso se enmarca en las investigaciones relacionadas con el contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo y es conocido por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas.
