Según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), a enero de 2026 se contabilizaron 773,025 empleados en la nómina pública, lo que representa un incremento de 4.8 % respecto a enero de 2025. En términos absolutos, en un año se sumaron 35,273 nuevos trabajadores.
Revisión estadística
La SISALRIL informó que en enero de 2026 se revisó la serie completa desde 2008, lo que redujo los niveles previamente publicados. Aun así, la tendencia muestra un crecimiento sostenido: en la última década la nómina pública aumentó en 254,378 empleados.
Incremento pese a restricciones
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) destacó que, a pesar de las medidas anunciadas por las autoridades en septiembre de 2024 para restringir nuevas contrataciones, entre ese mes y enero de 2026 la nómina pública creció un 6.4 %, equivalente a 46,538 empleados adicionales.
Impacto presupuestario
De acuerdo con la Ley General de Presupuesto, para 2026 el gasto en remuneraciones representará 23.2 % del gasto público total, siendo el componente más elevado dentro de la clasificación económica del gasto.
CREES subrayó que el constante crecimiento de la nómina implica un incremento en los recursos destinados a sostenerla, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en proyectos que generen valor económico.
Costo de oportunidad
El centro de estudios advirtió que el costo real de una nómina pública creciente no se mide únicamente por el monto destinado a salarios, sino también por las inversiones que la sociedad deja de realizar en áreas productivas. “Estos recursos provienen directa o indirectamente de la actividad productiva y por lo tanto no terminan destinándose a proyectos que realmente generen un valor económico”, señaló.
Contexto estructural
El análisis de CREES plantea que la expansión de la nómina pública refleja una tendencia estructural que se ha mantenido durante más de una década, con implicaciones en la sostenibilidad fiscal y en la eficiencia del gasto público.
La organización considera que, sin reformas que limiten el crecimiento del empleo estatal y que promuevan una mayor racionalización del gasto, el país enfrentará mayores presiones presupuestarias en los próximos años.
