El cuerpo hallado este martes en un aljibe de la pedanía de El Bacarot, en Alicante, corresponde al empresario Jesús Tavira, desaparecido desde el 18 de marzo. La víctima fue encontrada enterrada a más de dos metros de profundidad, envuelta en materiales y con signos de violencia. La Policía Nacional ha confirmado que las huellas dactilares del cadáver coinciden con las de Tavira, tras realizar los análisis correspondientes.
El cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición y varias heridas de arma blanca en todo el cuerpo, fue identificado tras el hallazgo de una medalla y otros objetos personales que fueron reconocidos por la familia del empresario. Aunque la investigación está abierta, ya hay cuatro detenidos relacionados con su desaparición y muerte. Se trata de tres hombres y una mujer, con edades entre 35 y 45 años, a quienes se les imputa la muerte violenta, el incendio de su vehículo y el robo con violencia.
El caso comenzó con la desaparición del empresario el 18 de marzo en circunstancias sospechosas. Su coche apareció calcinado días después en el norte de Alicante. Desde el inicio, la Policía descartó que se tratara de una desaparición voluntaria, lo que llevó a una minuciosa investigación. Inicialmente, uno de los empleados de Tavira fue interrogado, pero se descartó su implicación. Sin embargo, los indicios apuntaron a un desenlace fatal.
El principal investigado fue localizado en El Bacarot, donde se llevaron a cabo más de diez horas de registro en su vivienda. En este operativo, participó el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y agentes de diversas unidades especializadas, quienes finalmente descubrieron el cadáver de Tavira.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado las detenciones y ha expresado su reconocimiento por el trabajo realizado por la Policía Nacional durante la investigación. La policía sigue trabajando para esclarecer todos los detalles de este trágico suceso.
Curiosamente, Jesús Tavira también fue testigo en el juicio por el asesinato de la viuda de Vicente Sala, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en 2016.
