La reciente acusación del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve altos funcionarios de la entidad, ha generado una fuerte polarización en el panorama político mexicano. EE.UU. los señala de estar involucrados con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de «Los Chapitos», los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en una serie de delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. La acusación asegura que los implicados habrían facilitado operaciones delictivas, como el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos.
El oficialismo, liderado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha mostrado un firme apoyo al gobernador Rocha Moya. Ricardo Monreal, presidente de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, afirmó que “todos tienen derecho a la presunción de inocencia” mientras no se presenten pruebas concretas. Además, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y otros representantes de la misma formación política, respaldaron al gobernador y a su compañero senador Enrique Inzunza, cuya nombre también aparece en la acusación.
Rocha Moya, quien ocupa el cargo desde 2021, rechazó de manera tajante las imputaciones, calificándolas de «infundadas» y acusando a las autoridades estadounidenses de lanzar un «ataque» a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. En un comunicado, el gobernador expresó que, a pesar de las acusaciones, continuará trabajando por el bienestar de los sinaloenses.
Desde la Cancillería de México, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha señalado que no se han presentado pruebas suficientes para justificar la solicitud de extradición. Además, en un acto diplomático, México anunció que enviará una queja formal a la Embajada de EE.UU. por la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, ya que considera que se vulneraron los tratados internacionales sobre confidencialidad.
Por otro lado, la oposición ha sido contundente en su rechazo a las acusaciones, interpretándolas como una confirmación de sus advertencias sobre vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado. El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, calificó la acusación como una señal de un patrón dentro de Morena, mientras que la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez reiteró que había sido una de las primeras en señalar a Morena como un “narcopartido”. Gálvez exigió que la presidenta Sheinbaum pida la renuncia de los funcionarios implicados para permitir que las investigaciones avancen de manera imparcial.
El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también pidió la separación temporal de Rocha Moya mientras se esclarecen las acusaciones, recordando la severidad con la que las autoridades actuaron en casos similares, como el de la gobernadora de Chihuahua.
Este enfrentamiento político ha puesto en evidencia las tensiones dentro de la política mexicana, donde el respaldo del oficialismo al gobernador de Sinaloa contrasta con las denuncias de la oposición, que exige una investigación exhaustiva y una respuesta contundente ante los señalamientos de corrupción y nexos con el crimen organizado.
La acusación de EE.UU. no solo ha agitado el ámbito político, sino que también ha puesto a prueba las relaciones entre México y su vecino del norte, en un contexto de creciente tensión por la lucha contra el narcotráfico y la impunidad.
