La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, divulgó este jueves un video en el que se observa al presunto autor del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras logra evadir el control de seguridad durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Evidencia visual
Las imágenes, según la fiscalía, refuerzan la acusación contra Cole Allen, quien fue captado pasando rápidamente por el arco de metales y dirigiéndose hacia el área principal del evento, donde se encontraban el mandatario y otras altas autoridades.
Decisión judicial
En paralelo, Allen compareció ante la jueza federal Moxila Upadhyaya y aceptó permanecer en prisión preventiva sin derecho a fianza, lo que supone un giro respecto a la postura inicial de su defensa, que había solicitado su liberación provisional.
El acusado, un profesor de 31 años procedente de California, enfrenta al menos tres cargos federales: intento de asesinato del presidente, transporte de armas de fuego a través de fronteras estatales y uso de un arma durante un delito violento. La fiscalía ha adelantado que podrían presentarse más imputaciones.
Planificación del ataque
De acuerdo con el expediente, Allen habría planificado el ataque durante semanas. Viajó en tren desde la costa oeste hasta Washington para evitar controles aeroportuarios y se hospedó en el hotel donde se celebraba la gala, lo que le permitió acceder como huésped.
El día del evento, al que asistieron cerca de 2,000 personas, irrumpió armado y efectuó disparos antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto. Aunque no hubo víctimas, el incidente provocó pánico entre los asistentes y obligó a evacuar al presidente y a otros funcionarios.
Comunicaciones previas
Las autoridades indicaron que Allen dejó programados varios correos electrónicos antes del ataque, en los que explicaba sus intenciones y se dirigía tanto al presidente como a miembros de su Administración.
Valoración de la fiscalía
La fiscal Jeanine Pirro calificó el caso como un acto de “violencia política extrema” y sostuvo que no existen condiciones que garanticen la seguridad pública en caso de que el acusado sea liberado mientras espera juicio.
