El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, manifestó este lunes su respaldo a los funcionarios de Hacienda, luego de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la cantante colombiana Shakira y ordena devolverle alrededor de 60 millones de euros (70 millones de dólares).
La sentencia
El tribunal consideró que la Administración no pudo acreditar que la artista permaneciera en 2011 más de 183 días en territorio español, requisito que la habría obligado a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según la resolución, la estancia fue de 163 días, por lo que se ordena la devolución de los montos reclamados.
La Agencia Tributaria anunció que recurrirá la decisión.
Antecedentes
La sentencia llega después de que Shakira aceptara en 2024 una multa de 7,8 millones de euros, al reconocer ante un tribunal que defraudó 14,5 millones entre 2012 y 2014. El acuerdo con la acusación le permitió evitar prisión y un juicio prolongado.
Tras el fallo, la cantante expresó que espera que este caso “siente un precedente para Hacienda” y lamentó el “señalamiento público” sufrido, asegurando que se le trató “como culpable”.
Declaraciones de Urtasun
Durante una rueda de prensa para presentar un programa cinematográfico, Urtasun fue consultado sobre el caso y respondió: “Todas las personas que trabajan y viven en este país deben cumplir sus obligaciones tributarias, independientemente del nivel de renta”.
El ministro insistió en que existe una política “consistente” del Gobierno y de las autoridades fiscales para garantizar que todos contribuyan. “En este caso, como en muchos otros, nuestras autoridades, nuestros funcionarios y nuestros auditores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza para hacer las labores que corresponden y cumplir ese mandato constitucional”, añadió.
Contexto
El fallo de la Audiencia Nacional se suma a un historial de litigios fiscales de Shakira en España, donde su residencia y obligaciones tributarias han sido objeto de controversia. La decisión, aunque favorable a la artista, mantiene abierto el debate sobre la aplicación de criterios de residencia fiscal y la capacidad de Hacienda para sostener sus reclamaciones en tribunales.
