La crisis política y social en Bolivia se intensificó este miércoles tras más de dos semanas de manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos que mantienen bajo presión al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. La situación ya trascendió el ámbito interno y provocó choques diplomáticos con Colombia, mientras Estados Unidos y varios países de la región expresaron respaldo al Ejecutivo boliviano.
Las protestas comenzaron por reclamos relacionados con salarios, escasez de combustibles, aumento del costo de vida y rechazo a reformas impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, el conflicto evolucionó rápidamente hasta convertirse en una fuerte disputa política con pedidos de renuncia contra Paz, quien llegó al poder hace apenas seis meses.
Las movilizaciones se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y grupos cercanos al expresidente Evo Morales. Ante el creciente descontento, Paz anunció una reorganización de su gabinete ministerial con el objetivo de agilizar la gestión y acercarse a las demandas sociales. También informó la creación de un Consejo Económico y Social para debatir las reformas y responder a las críticas de sectores que acusan al Gobierno de impulsar privatizaciones.
Mientras tanto, la situación en las calles continúa deteriorándose. Los bloqueos han provocado desabastecimiento de alimentos, gasolina, medicamentos y oxígeno medicinal. En mercados populares, los precios de productos básicos se duplicaron e incluso triplicaron, mientras largas filas de ciudadanos buscan conseguir pollo, combustible y otros insumos esenciales.
El Gobierno implementó un puente aéreo con apoyo de aviones argentinos para transportar alimentos y productos de primera necesidad hacia las zonas más afectadas. Aun así, las autoridades reconocen que el panorama sigue siendo complejo.
La tensión aumentó tras la llegada a La Paz de una marcha de simpatizantes de Evo Morales proveniente del altiplano. Durante los últimos días se registraron enfrentamientos, saqueos y agresiones contra periodistas y ciudadanos, en lo que ya es considerado el episodio más violento desde el inicio de la crisis.
El Ejecutivo acusa a Morales de promover la conflictividad y de intentar generar una ruptura institucional. Además, insiste en relacionar parte de las protestas con estructuras ligadas al narcotráfico, acusaciones que el exmandatario rechaza.
La confrontación también escaló en el plano internacional. Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro calificara las protestas como una “insurrección popular” y denunciara presuntas muertes durante las manifestaciones.
Tras la expulsión diplomática, Petro acusó al Gobierno boliviano de caer en posiciones extremas y alertó sobre el riesgo de una masacre si no se abre un diálogo nacional.
En contraste, Estados Unidos expresó un fuerte respaldo al Gobierno de Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington no permitirá que “criminales y narcotraficantes” derroquen a un Gobierno democráticamente elegido. Además, el vicesecretario Christopher Landau afirmó que en Bolivia existe “un intento de golpe de Estado”.
La crisis boliviana también llegó oficialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Durante una sesión del Consejo Permanente, el canciller Fernando Aramayo denunció intentos de desestabilización institucional y pidió atención internacional ante una situación que, según afirmó, amenaza el orden democrático y los derechos fundamentales.
Diversos países de la región también se pronunciaron. Uruguay pidió una solución pacífica y el respeto a la institucionalidad democrática, mientras República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional y manifestó preocupación por el impacto humanitario de los bloqueos.
