Los abogados de varios imputados acusados de integrar una presunta red que habría estafado al Banco BHD con más de RD$200 millones calificaron este viernes como “arbitraria”, “abusiva” e “ilegal” la decisión del juez Rigoberto Sena, quien impuso un año de prisión preventiva y declaró el caso complejo.
Críticas de la defensa
A la salida de la audiencia, los representantes legales adelantaron que apelarán la medida dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, alegando que el tribunal acogió íntegramente los argumentos del Ministerio Público sin valorar los presupuestos planteados por las defensas.
El abogado Manuel Dilloné, representante de Juan Antonio Ureña Geraldo, afirmó que el magistrado actuó bajo presión y no evaluó los elementos individuales de cada imputado. “Lo que pasa que el juez Rigoberto Sena se metió en miedo con el Ministerio Público, yo lo entiendo en cierto sentido”, declaró.
Dilloné agregó: “La medida fue absurda completamente de parte del juez Rigoberto Sena, porque él, en una actitud de genuflexión o titubeo y arbitraria, acogió toda la petición del Ministerio Público”.
El jurista aseguró además que durante la audiencia se produjo un impasse entre él y el juez debido a la forma en que fue manejado el proceso. “Ni siquiera revisó los argumentos de los abogados, ni siquiera los presupuestos”, manifestó, al tiempo que sostuvo que la defensa recurrirá la decisión ante la Corte de Apelación.
Falta de pruebas directas
Dilloné cuestionó que en el expediente “no hay conversaciones, no hay fotografías, no hay video” que vinculen de manera directa o indirecta a su cliente con los hechos investigados.
Otras reacciones
De su lado, el abogado Juan Carlos Santos Jiménes, representante de Jefry Leonardo Cepeda Núñez, consideró que la decisión judicial estuvo influenciada por la presión social generada alrededor del caso. “Solamente valorizando lo que es la presión social. Entendiéndose de que es un caso que ha sonado mucho en todas las redes”, declaró.
Indicó además que la defensa técnica de los imputados procederá legalmente en las próximas horas conforme a lo establecido por la normativa procesal.
Mientras, el abogado Saúl Corales expresó inconformidad con la medida impuesta y criticó que, según afirmó, el tribunal no individualizó las responsabilidades de cada acusado. “Nosotros entendemos que no hubo un desglose, no hubo una personalidad de los imputados, sino que fue prácticamente un saco”, manifestó.
Corales sostuvo que no todos los imputados tienen el mismo nivel de responsabilidad y cuestionó que fueran tratados de manera uniforme dentro del proceso judicial. “No podemos encocharlos en el mismo saco”, expresó.
Próximos pasos
El juez Rigoberto Sena fijó para el 20 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción, en cumplimiento de lo establecido por el Código Procesal Penal.
