La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que en las “próximas horas” el país superará las 500 liberaciones de personas privadas de libertad, como parte de un proceso de revisión del sistema judicial impulsado por el Gobierno.
Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, la funcionaria explicó que en los últimos días ya se han concretado 395 excarcelaciones, cifra que, según dijo, continuará aumentando en breve.
Rodríguez aclaró que estas medidas no forman parte de la ley de amnistía aprobada en febrero, sino de procesos distintos gestionados a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Estos mecanismos, afirmó, incluyen consultas con organizaciones no gubernamentales y universidades, aunque no detalló cuáles.
Debate sobre las cifras de liberaciones
Mientras el Gobierno reporta avances hacia las 500 liberaciones, organizaciones de derechos humanos manejan cifras inferiores. La ONG Foro Penal señaló que las excarcelaciones recientes se mantienen por debajo de lo anunciado oficialmente, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón reportó números ligeramente superiores en comparación.
Estas diferencias han generado dudas sobre el alcance real del proceso de liberaciones anunciado por las autoridades, que inicialmente había previsto unas 300 excarcelaciones en la semana.
Contexto de la amnistía
En paralelo, el Gobierno informó que desde la entrada en vigor de la ley de amnistía en febrero se han otorgado miles de liberaciones, aunque solo una pequeña parte correspondía a personas que estaban detenidas en centros penitenciarios.
La normativa contempla hechos ocurridos desde 1999, pero excluye delitos como corrupción, homicidios y violaciones de derechos humanos, además de otros casos específicos relacionados con operaciones militares.
Contexto político
Las nuevas liberaciones ocurren en medio de presiones de la oposición y organizaciones civiles, que han solicitado investigaciones internacionales en algunos casos de detenidos fallecidos bajo custodia, lo que mantiene el tema en el centro del debate político y de derechos humanos en el país.
