El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la Ley 16-26, una disposición que autoriza al Poder Ejecutivo a reconocer y pagar deudas vinculadas a obras realizadas por contratistas y empresarios, incluso aquellas que fueron ejecutadas sin acuerdos contractuales debidamente formalizados.
Esta normativa surge tras varios meses de discusiones en el Congreso Nacional de la República Dominicana, donde se evaluaron distintas propuestas orientadas a regularizar compromisos pendientes del Estado con constructores que participaron en proyectos de infraestructura pública.
El proyecto original fue presentado por el senador Franklin Romero y aprobado inicialmente por el Congreso el 1 de diciembre. No obstante, el mandatario lo observó el 16 de enero, al considerar que contenía elementos contrarios a la Constitución.
Entre las objeciones señaladas por Abinader se destacaron la falta de un monto definido para los pagos y la ausencia de un plazo específico que delimitara los casos beneficiados por la ley. También cuestionó que no se establecieran mecanismos claros para verificar las deudas, indicando que este tipo de compromisos estatales debe basarse en obligaciones “reales y comprobables”, respaldadas por documentos que confirmen su existencia y cuantía.
Luego de estas observaciones, el Congreso reformuló la iniciativa y aprobó una versión ajustada, que finalmente fue promulgada por el presidente.
