Santo Domingo.– El jurista Olivo Rodríguez Huertas consideró este lunes que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, debería declinar su permanencia en el cargo, en medio de las tensiones internas y reclamos de jueces por mejores condiciones laborales y respeto a la independencia judicial.
Durante su participación en La Entrevista Central del programa Hoy Mismo, Rodríguez Huertas sostuvo que la coyuntura actual evidencia un desgaste en la relación entre Molina y una parte importante de los jueces, situación que —a su juicio— afecta el clima institucional en un momento delicado para el sistema de justicia.
El abogado reconoció las capacidades profesionales de Molina, a quien calificó como “una persona inteligente y un gestor extraordinario”, aunque admitió que su temperamento “fuerte” podría no ser adecuado para un escenario que exige mayor apertura y consenso. Esa condición, señaló, ha generado tensiones que hoy se reflejan en las demandas y protestas del sector judicial.
Rodríguez Huertas insistió en que, si bien las reivindicaciones de los jueces respecto a la suficiencia financiera son legítimas, el contexto en que se producen —marcado por procesos de selección interna en el Consejo del Poder Judicial— hace evidente la necesidad de descomprimir el ambiente institucional.
Afirmó que la Constitución establece los mecanismos para evaluar la continuidad o no de quienes ocupan posiciones dentro del sistema judicial, pero enfatizó que una decisión voluntaria de Molina permitiría retomar el rumbo y evitar mayores conflictos.
El jurista también aprovechó para reiterar su crítica al incumplimiento de los porcentajes presupuestarios destinados al Poder Judicial y al Ministerio Público, subrayando que la falta de recursos afecta la verdadera independencia del sistema de justicia y coloca al personal en situaciones de precariedad.
Finalmente, Rodríguez Huertas expresó su esperanza de que el liderazgo político, incluido el presidente Luis Abinader, impulse las condiciones económicas necesarias para garantizar un sistema judicial independiente, eficiente y libre de presiones.
