El malestar alrededor de la llamada ley de encuestas en Colombia sigue creciendo. Firmas encuestadoras, analistas, medios de comunicación e incluso sectores políticos consideran que la nueva reglamentación convirtió la realización y publicación de sondeos en un escenario restrictivo, complejo y riesgoso.
Críticas a la metodología
Uno de los cuestionamientos más reiterados apunta a la obligación de privilegiar entrevistas presenciales y muestras probabilísticas tradicionales, lo que desconoce la evolución tecnológica y dificulta el uso de metodologías digitales o telefónicas comunes en otros países.
También se cuestionan las restricciones para divulgar encuestas, pues la norma limita los periodos de publicación y obliga a incluir a todos los candidatos inscritos una vez cierre el proceso de inscripción. Los críticos consideran que esto reduce el flujo de información para los ciudadanos y favorece la opacidad electoral.
Libertad de prensa y costos
Algunos sectores llaman a la norma “ley mordaza”, advirtiendo que el nivel de control del Consejo Nacional Electoral (CNE) podría derivar en censura indirecta o autocensura de medios y firmas encuestadoras.
Otro problema son los costos: las encuestas presenciales resultan mucho más caras que las digitales o telefónicas, especialmente en un país con dificultades geográficas y de seguridad, lo que podría dejar el mercado en manos de unas pocas empresas con gran capacidad económica.
Expertos en opinión pública sostienen que la ley parte de una visión anacrónica del comportamiento electoral, pues hoy muchos ciudadanos responden con mayor libertad en entornos digitales y el electorado cambia rápidamente de opinión por la influencia de redes sociales.
Suspensión de publicaciones
La situación ha llevado a que muy pocas firmas se atrevan a publicar encuestas. La española GAD3 suspendió sus estudios en Colombia alegando que la regulación hace “inviable” operar con garantías mínimas de rigor y viabilidad técnica.
El mismo día en que el senador Carlos Fernando Motoa anunció un proyecto para derogar la Ley 2494, el CNE suspendió la publicación de encuestas de AtlasIntel y abrió una investigación por posibles irregularidades metodológicas, medida que cobija también a la revista Semana.
Hace apenas una semana, el CNE abrió otra investigación contra Invamer por presuntas irregularidades relacionadas con el régimen legal aplicable a las encuestas de opinión política y electoral.
Debate en el Congreso
Motoa aseguró que la norma “restringe la libertad de expresión, limita el derecho a la información, debilita la participación política y concentra el control de las encuestas en el Estado y en unas pocas grandes firmas”.
El propio CNE reconoció recientemente que la ley es “restrictiva” y anunció que trabaja en un proyecto para proponer modificaciones al Congreso.
Incertidumbre sobre la confiabilidad
En medio de investigaciones, restricciones y suspensiones, surge la gran pregunta: ¿se les puede creer a las encuestas bajo la nueva metodología?
La respuesta solo se conocerá el próximo 31 de mayo, cuando se celebren las elecciones presidenciales y se comparen los resultados oficiales con las mediciones publicadas.
