El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció anoche que el Ministerio Público apelaría el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el caso de presunta corrupción administrativa en perjuicio del Estado.
Críticas al fallo
A su salida del tribunal, Camacho cuestionó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez y sostuvo que una simple lectura de la resolución evidenciaba una “errónea apreciación de las pruebas”.
“El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar”, afirmó.
Supuestas contradicciones
El procurador adjunto también señaló lo que consideró contradicciones en la decisión judicial y mencionó irregularidades en la valoración de las evidencias.
“Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba”, enfatizó.
Avance parcial
Camacho recordó que el tribunal había acogido parcialmente la acusación del Ministerio Público al enviar a juicio de fondo a 40 de los encartados, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward.
“Treinta y cinco personas de las 40 incluidas en esta etapa han sido enviadas a juicio. Eso representa un avance importante. Aun así, el Ministerio Público apelará porque entiende que todos debieron enfrentar un juicio de fondo”, concluyó.
Contexto del fallo
La jueza Ramírez había dictado no ha lugar a favor de Castillo, Peralta, Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias, mientras ordenó la apertura de juicio contra Guerrero, Lockward y otros imputados señalados por el órgano acusador.
El Ministerio Público sostenía que los acusados formaban parte de una presunta red que habría provocado un perjuicio económico superior a RD$19 mil millones mediante pagos irregulares por expropiaciones, contratos, deudas administrativas y otros mecanismos.
