El Servicio Nacional de Salud (SNS) reunió este martes a las principales autoridades responsables de la persecución, control y fiscalización de los recursos públicos en la conferencia “Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud”, con el propósito de fortalecer el cumplimiento normativo, la transparencia y la buena gestión en los centros públicos de salud del país.
Encuentro institucional
La actividad congregó a directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras, quienes participaron en un espacio de análisis sobre los desafíos de la gestión pública sanitaria, especialmente en materia de control interno, prevención de riesgos y uso eficiente de los recursos públicos.
Durante las palabras de apertura, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que la transparencia constituye un compromiso ético con la ciudadanía y reafirmó la determinación de la institución de continuar fortaleciendo los procesos de rendición de cuentas y eficiencia administrativa. “Una gestión transparente no es solo una obligación legal, sino también un compromiso con cada dominicano que deposita su confianza en las instituciones del Estado”, expresó.
Régimen de consecuencias
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, abordó las implicaciones del nuevo Código Procesal Penal en el ejercicio de las funciones públicas y explicó que la normativa fortalece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, estableciendo sanciones más severas para los actos de corrupción.
La magistrada indicó que la legislación considera la corrupción como un delito autónomo y advirtió que cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público podrá ser perseguida penalmente. Entre las conductas sancionables mencionó:
- Pago por bienes o servicios no recibidos.
- Alteración de contratos.
- Recepción de equipos defectuosos.
- Manipulación de precios.
- Uso indebido de fondos estatales.
Compras públicas y control
De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que la nueva Ley 47-25 promueve una gestión de compras públicas más estratégica, sostenible y eficiente.
Advirtió sobre las consecuencias legales de prácticas como depositar recursos públicos en cuentas personales, modificar partidas presupuestarias sin autorización, cobrar por servicios gratuitos por ley o participar en procesos de contratación con conflictos de interés.
Mientras, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó los mecanismos de control y fiscalización existentes para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la administración de los recursos públicos.
Espinosa Pérez exhortó a los centros hospitalarios a evitar adquisiciones fuera de los procedimientos establecidos por la Ley 47-25 y recordó la obligación de registrar los contratos derivados de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones en el Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General de la República.
Cierre de la jornada
La conferencia concluyó con un espacio de preguntas y respuestas que permitió el intercambio directo entre los participantes y los expositores, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, cumplimiento y transparencia en los servicios de salud del país.
