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Deuda pública de República Dominicana se eleva a US$82,790.8 millones en 2026, según CREES

El endeudamiento del sector público dominicano continuó su tendencia ascendente y alcanzó los US$82,790.8 millones en abril de 2026, de acuerdo con datos del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREESRD).

El total de la deuda se distribuye principalmente en dos grandes bloques: el Sector Público No Financiero (SPNF), que concentra US$66,408.5 millones, equivalente al 80.2% del total, y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), con US$16,382.2 millones, lo que representa el 19.8% restante. En estas cifras se incluye también la deuda intergubernamental del propio Banco Central.

En términos del tamaño de la economía, la deuda del SPNF equivale al 49.3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al sumar los compromisos del Banco Central (12.2% del PIB), la deuda pública consolidada se sitúa en 61.4% del PIB.

El informe resalta además el aumento sostenido del endeudamiento en la última década. Hace diez años, la deuda pública consolidada era de US$40,415.9 millones, equivalente al 53.2% del PIB. Desde entonces, el saldo total ha crecido en US$42,374.9 millones, con un incremento de 8.2 puntos porcentuales en su peso relativo sobre la economía.

Aunque la relación deuda/PIB es uno de los indicadores más utilizados para medir la sostenibilidad fiscal, el análisis advierte que no refleja por completo la presión sobre las finanzas públicas. Un indicador más representativo es el peso del pago de intereses sobre los ingresos tributarios.

En ese sentido, el presupuesto de 2026 estima que los intereses de la deuda absorberán el 26.2% de los ingresos fiscales, frente al 21.2% registrado en 2017, evidenciando un aumento significativo en la carga financiera del Estado.

Finalmente, el estudio señala que el crecimiento constante de la deuda sugiere que la Ley de Responsabilidad Fiscal no ha logrado frenar el avance del endeudamiento, lo que implica que una proporción cada vez mayor de los recursos públicos debe destinarse al pago de intereses, reduciendo el margen para otras prioridades del gasto estatal.

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