La Administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre Brasil al amenazar al país con nuevos aranceles y declarar como organizaciones terroristas a bandas criminales brasileñas, justo en medio de la contienda electoral entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.
En menos de un mes, Trump recibió en la Casa Blanca a Lula y a Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), consolidándose como un actor clave en el proceso electoral del próximo 4 de octubre, aunque sus objetivos estratégicos siguen siendo poco claros.
«Es difícil descifrar la política de Estados Unidos hacia Brasil, si es que existe una», señaló Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina del centro de estudios Stimson.
Tras un encuentro cordial con Lula el pasado 7 de mayo, Trump sorprendió al reunirse el 26 de mayo con Flávio Bolsonaro, cuyo objetivo era relanzar su campaña presidencial, afectada por vínculos con un banquero implicado en un caso de corrupción. Posteriormente, EE.UU. anunció la designación del PCC y Comando Vermelho como grupos terroristas, solicitud hecha personalmente por Bolsonaro hijo, mientras Lula advirtió que esta medida podría abrir la puerta a una intervención militar estadounidense en Brasil.
Una semana después, volvió a surgir la amenaza arancelaria: la Representación Comercial de EE.UU. (USTR) planteó la posibilidad de imponer un 25 % de gravámenes a Brasil por supuestas prácticas comerciales injustas, otorgando un plazo hasta el 15 de julio para negociar antes de aplicar sanciones definitivas.
Analistas destacan que ambas decisiones no están coordinadas: la designación de grupos terroristas se aceleró por la petición de Bolsonaro, mientras que la investigación comercial ya estaba en curso. Lula culpó a su rival por la nueva amenaza y lo tildó de «traidor», mientras Bolsonaro aseguró que solicitó explícitamente que no se penalizaran las empresas brasileñas.
Expertos coinciden en que la situación podría favorecer a Lula, dado que Bolsonaro queda vinculado públicamente a la polémica decisión de la USTR.
