El Gobierno francés ha anunciado que investigará a fondo los fallos institucionales relacionados con el asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo caso ha provocado una gran conmoción en el país y ha reabierto el debate sobre la protección de menores frente a la violencia sexual.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, aseguró este lunes que se dará a conocer “toda la verdad” sobre las posibles negligencias detectadas en la actuación de la justicia. Además, afirmó que las conclusiones de las investigaciones administrativas serán publicadas con total transparencia y que se establecerán responsabilidades por los errores cometidos.
Las declaraciones se produjeron tras una masiva manifestación en la localidad de Fleurance, donde familiares, vecinos y ciudadanos exigieron justicia para la menor.
Las primeras investigaciones apuntan a graves retrasos en la gestión del caso. El presunto agresor de Lyhanna acumulaba múltiples denuncias por delitos sexuales contra menores, algunas de ellas archivadas y otras aún en trámite. En uno de los casos más graves, existían indicios médicos y psicológicos de una posible agresión, pero las autoridades tardaron cerca de nueve meses en interrogar al sospechoso.
El ministro calificó estos hechos como un “grave fallo del servicio público de justicia” y reconoció la necesidad de reforzar los mecanismos de respuesta ante este tipo de delitos.
Como medida inmediata, el Ministerio de Justicia ordenó una revisión nacional de unos 70.000 expedientes relacionados con delitos sexuales y violentos contra menores. Los fiscales deberán identificar los casos estancados o aquellos en los que aún no se ha interrogado a los sospechosos, con un informe que deberá presentarse antes del 14 de julio.
El objetivo de esta revisión es determinar si el caso de Lyhanna representa un hecho aislado o evidencia problemas estructurales en el sistema judicial francés.
El Gobierno también ha señalado que este tipo de denuncias deben tratarse como prioridad absoluta, no como expedientes ordinarios, y anunció una mayor coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para agilizar los procesos más urgentes.
Pese a la polémica, el ministro Gérald Darmanin descartó dimitir, argumentando que los errores detectados no derivan de decisiones directas suyas, aunque reconoció la responsabilidad del Estado cuando se producen tragedias de este tipo.
El caso también ha generado tensión dentro del sistema judicial francés. El presidente de la Unión de Magistrados, Ludovic Friat, denunció amenazas y campañas de presión contra jueces y fiscales vinculados al expediente, calificando de inaceptable que sean señalados antes de que concluyan las investigaciones.
