Un juez federal de Estados Unidos declaró este lunes ilegal la política impulsada por la administración del presidente Donald Trump que imponía un cobro de 100.000 dólares a las nuevas solicitudes de visas H-1B, utilizadas por empresas para contratar trabajadores extranjeros altamente cualificados.
La decisión representa un revés para la Casa Blanca en materia migratoria y laboral. El magistrado Leo Sorokin concluyó que el Gobierno se extralimitó en sus competencias al imponer la tarifa sin autorización del Congreso, señalando que en la práctica equivalía a un impuesto que solo puede ser aprobado por el poder legislativo.
La medida había sido anunciada en septiembre por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien defendió la iniciativa como un incentivo para que las corporaciones estadounidenses contrataran más trabajadores nacionales. Sin embargo, una coalición de 20 estados, liderada por California, presentó una demanda argumentando que la tarifa afectaba gravemente a sectores dependientes del talento internacional.
Las visas H-1B, creadas por el Congreso, permiten a empresas contratar profesionales especializados en áreas como tecnología, ingeniería, medicina, ciencias y finanzas. El programa tiene un límite anual de 65.000 visas, más 20.000 adicionales para personas con títulos de posgrado en universidades estadounidenses.
Diversos sectores empresariales y organizaciones como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) habían advertido que el cobro no solo impactaría a la industria tecnológica, sino también a la agricultura, la salud, la energía renovable y la investigación científica. La directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, Shev Dalal-Dheini, criticó la iniciativa por generar incertidumbre entre empleadores y trabajadores extranjeros.
La resolución judicial supone una victoria para las empresas que dependen de mano de obra altamente especializada y para miles de profesionales extranjeros que aspiraban a trabajar en Estados Unidos bajo el programa H-1B. No obstante, se espera que la administración Trump evalúe nuevas acciones legales para defender la medida, considerada clave en su estrategia de priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses.
El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección del empleo nacional y la necesidad de atraer talento internacional en sectores donde la demanda de profesionales especializados supera la oferta disponible en el mercado laboral estadounidense.
