El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como un hecho “histórico” la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Coral y Coral 5G, al considerar que representa un fuerte mensaje contra la corrupción y la impunidad en el país.
Camacho destacó que la decisión judicial, que impuso penas de entre 10, 15 y 20 años de prisión a varios de los principales acusados, constituye un reconocimiento al trabajo realizado por el Ministerio Público y a la solidez de las investigaciones presentadas durante el proceso.
El funcionario señaló que el fallo fortalece la confianza en las instituciones encargadas de perseguir delitos complejos y afirmó que espera que futuras decisiones judiciales continúen enviando señales firmes para combatir la impunidad.
“Esta sentencia reafirma la capacidad de las instituciones para enfrentar casos de gran complejidad”, sostuvo Camacho.
Entre los condenados con mayores penas figuran Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, quienes recibieron 20 años de prisión tras ser encontrados culpables de delitos como estafa contra el Estado, desfalco y asociación de malhechores. Además, deberán pagar multas equivalentes a 400 salarios mínimos.
También fue sentenciada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez a 15 años de cárcel y al pago de 300 salarios mínimos por incremento patrimonial ilícito.
Asimismo, José Manuel Rosario Pirón recibió una pena de 10 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos por desfalco contra el Estado y lavado de activos.
El tribunal además impuso condenas de cinco años de prisión contra Yehudy Guzmán Alcántara, por desfalco; Alejandro Montero Cruz, por tenencia ilegal de armas; y Lucía de los Santos Viola, por lavado de activos.
Según las autoridades, los involucrados en la trama Coral-Coral 5G fueron acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del patrimonio público.
La decisión judicial concluye un largo proceso que se extendió durante cerca de dos años de juicio de fondo y que fue considerado por el Ministerio Público como una de las investigaciones más relevantes en materia de corrupción administrativa en República Dominicana.
