Organizaciones de derechos civiles solicitaron este miércoles a un juez federal en Nueva York que ordene la publicación del documento jurídico que, según la administración del presidente Donald Trump, respalda los ataques letales contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
La ACLU y el Centro de Derechos Constitucionales argumentaron que el Gobierno no puede mantener en secreto un dictamen que ha citado públicamente en múltiples ocasiones. Recordaron que, bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), los registros deben ser divulgados.
Operativo “Lanza del Sur”
Desde el inicio de este operativo, el 2 de septiembre de 2025, EE. UU. ha destruido 66 lanchas en ataques que han dejado 221 muertos, según cifras oficiales. El Gobierno insiste en que se trataba de embarcaciones de narcotraficantes, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas.
Los grupos activistas califican estas acciones de “ilegales”, señalando que el Ejército no puede ejecutar a civiles sospechosos de traficar droga sin un debido proceso.
Debate judicial
El juez cuestionó al abogado del Gobierno sobre los límites de esta interpretación del privilegio presidencial, inédita en una vista oral, y por qué se optó por mantener en secreto la justificación legal, pese a que otros memorandos similares sí se han hecho públicos.
El Gobierno reconoció que existen partes del análisis legal que podrían publicarse sin comprometer información clasificada.
«Ciudadanos de todo el país, políticos de todos los partidos y familiares de las víctimas han estado exigiendo respuestas sobre cómo nuestro gobierno justifica el asesinato a sangre fría de civiles», comentó Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.
