En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Panamá, Estados Unidos denunció que Nicaragua se ha transformado en un “Estado policial dinástico” bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando un deterioro sostenido de los derechos humanos y un aumento de la represión política.
Washington afirmó que en el país centroamericano se registran violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales, persecución de opositores y restricciones contra la sociedad civil, por lo que pidió intensificar la presión diplomática internacional sobre el régimen nicaragüense.
Durante su intervención, Estados Unidos responsabilizó a las autoridades por la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera y exigió la liberación inmediata de los presos políticos.
La denuncia también resaltó el deterioro de la libertad religiosa, señalando que más de 300 miembros del clero y religiosas han sido expulsados o forzados al exilio, mientras que cerca de la mitad de los obispos y al menos 51 sacerdotes enfrentan situaciones de riesgo como la apatridia.
El embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., aseguró que el régimen nicaragüense ha consolidado un sistema autoritario desde la crisis de 2018, con persecución a opositores, periodistas y exiliados, además de vigilancia y acoso a excarcelados.
Finalmente, advirtió que la falta de seguridad jurídica, las confiscaciones de bienes y el clima de represión afectan los derechos humanos y también desalientan la inversión extranjera en el país.
