La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi impuso este lunes un año de prisión preventiva a dos servidores de la Dirección General de Migración (DGM), acusados por el Ministerio Público de cobrar sobornos y traficar migrantes haitianos en condición irregular utilizando un vehículo oficial.
La medida de coerción fue dictada contra Gustavo Adolfo García Vásquez, agente migratorio, y Joel Antonio Castillo Reynoso, chofer de la DGM, ambos adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria con asiento en Puerto Plata, según informó la Procuraduría.
Los hechos
De acuerdo con el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, cuando los imputados tenían la misión de trasladar a 32 ciudadanos haitianos indocumentados desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para su deportación.
Tras completar esa misión, ambos regresaban hacia Puerto Plata transportando a otros 22 ciudadanos haitianos en condición irregular, incluidos menores de edad, pese a no estar autorizados para abordar personas durante el retorno. Fueron arrestados en flagrante delito por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Investigación
El camión oficial utilizado levantó sospechas al desplazarse en dirección contraria a la ruta hacia Dajabón. Al inspeccionar el vehículo, las autoridades encontraron a los 22 extranjeros en la parte trasera, quienes manifestaron no poseer documentos migratorios.
Dos de ellos declararon que un empleador los esperaba en Puerto Plata y que pagaría entre RD$22,000 y RD$24,000 por el traslado. La investigación establece que los migrantes no figuraban en los registros de los operativos rutinarios de interdicción, por lo que el Ministerio Público descarta que hubieran sido detenidos en esas labores.
La Pepca sostiene que los imputados utilizaron su condición de servidores públicos y los recursos asignados por la institución para trasladar migrantes a cambio de sobornos que oscilaban entre RD$12,000 y RD$40,000 por persona, pagados en efectivo o mediante transferencias realizadas por familiares desde Haití o República Dominicana. El expediente también señala que algunos migrantes habrían sido captados mediante redes sociales o agencias de viaje.
Marco legal
La jueza Javierca Gómez dispuso que ambos imputados cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones.
Los procesados son investigados por presunta violación al artículo 146 de la Constitución, así como a los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, relativos a actos de corrupción y soborno, además del artículo 3 de la Ley 46-25, que modifica la Ley 137 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
