La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso este lunes 18 meses de prisión preventiva contra dos de los implicados en la Operación Onco14 y arresto domiciliario contra una tercera imputada, todos acusados de estafar al Estado con miles de millones de pesos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La medida de coerción fue dictada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, quienes fueron enviados a cumplir prisión preventiva en los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente.
En tanto, la jueza ordenó arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato, luego de que el Ministerio Público variara su pedimento debido a la colaboración brindada por la imputada durante la investigación. El caso fue declarado complejo.
Acusación del Ministerio Público
Según la acusación, una presunta estructura criminal operó desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para desviar recursos públicos destinados a pacientes con cáncer, afectando al Estado, al Senasa y a personas del régimen subsidiado.
La fiscal Mirna Ortiz, en representación del Ministerio Público, afirmó que el tribunal consideró que la solicitud de medida de coerción estuvo respaldada por pruebas suficientes para vincular a los imputados con los hechos investigados.
“El tribunal ha reconocido que la solicitud de medida de coerción es bastante robusta y que el Ministerio Público ha aportado pruebas más que suficientes para establecer el vínculo de los imputados con los hechos, incluyendo evidencias de carácter pericial”, expresó Ortiz.
Colaboración de Vargas Sánchez
Ortiz explicó que la variación del pedimento contra Vargas Sánchez obedeció a la colaboración que esta ha brindado a la investigación.
“El Ministerio Público ha reconocido la condición de aquellos imputados que admiten su responsabilidad, están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos y, por consiguiente, tienen menos interés de sustraerse del proceso. Eso fue lo que ocurrió con la señora Dilcia”, indicó.
La fiscal adelantó que las investigaciones continúan y advirtió que podrían producirse nuevas imputaciones. “Seguiremos investigando, habrán más imputados y el caso promete mucho”, sostuvo.
Maniobras fraudulentas
De acuerdo con el expediente, la red habría desviado fondos del Senasa mediante diversas maniobras fraudulentas, entre ellas:
- Cambios irregulares en indicaciones médicas para facturar procedimientos o medicamentos.
- Doble facturación de tratamientos al Senasa.
- Entrega de dosis incompletas de medicamentos mientras se cobraba la dosis completa.
- Venta de medicamentos donados para pacientes.
- Uso de sellos médicos falsificados.
- Reembolsos y gastos considerados fraudulentos.
Próximos pasos
Con la declaración de caso complejo, el Ministerio Público dispondrá de un plazo ampliado para profundizar las investigaciones y presentar nuevas pruebas.
