En los últimos días, miles de migrantes han salido de Sudáfrica ante el vencimiento de un ultimátum fijado para el martes 30 de junio por colectivos xenófobos, en medio de un clima creciente de hostilidad contra la inmigración.
Estos grupos habían convocado protestas contra los extranjeros asegurando que serían pacíficas, aunque movilizaciones previas derivaron en episodios de violencia y amenazas. Esta situación ha generado temor generalizado entre comunidades migrantes, muchas de las cuales han decidido regresar a sus países de origen pese a contar con permisos de residencia o haber vivido durante años en el país.
Uno de los principales puntos de salida es el antiguo autocine de la ciudad de Durban, convertido en un gran estacionamiento desde donde parten cada noche autobuses llenos hacia distintos países africanos. La demanda de transporte ha aumentado debido al éxodo masivo.
El ambiente de incertidumbre se intensificó tras la difusión de mensajes falsos en folletos y redes sociales que aseguraban que el 30 de junio era una fecha límite oficial para la expulsión de extranjeros indocumentados, algo que no tiene base legal.
Durante las protestas del martes, el gobierno desplegó un amplio dispositivo de seguridad para prevenir disturbios. Aunque la violencia fue en gran parte controlada, se registraron patrullajes en barrios con alta presencia de inmigrantes, además de intimidaciones, saqueos aislados y la confiscación de armas como palos, hachas y cuchillos.
Entre los grupos organizadores destaca “March and March”, que afirma ser apolítico pero mantiene vínculos con formaciones políticas nacionalistas como uMkhonto weSizwe. Su liderazgo ha anunciado nuevas movilizaciones semanales si no se logra la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
Estos colectivos responsabilizan a la población extranjera de los problemas económicos del país, pese a que se estima que hay alrededor de tres millones de migrantes legales, principalmente provenientes de países vecinos como Malawi y la República Democrática del Congo.
El gobierno de coalición de Sudáfrica ha condenado la violencia y rechazado las deportaciones masivas, aunque en los últimos meses ha endurecido su política migratoria, realizando miles de expulsiones en un contexto de creciente presión política.
Con elecciones locales previstas para noviembre, la inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales del debate público, amplificado por la cobertura mediática y la actividad de movimientos antiinmigración.
