El juicio de fondo contra los imputados por la presunta estafa inmobiliaria del proyecto Punta Cana Macao, considerado por las víctimas como uno de los mayores fraudes inmobiliarios registrados en República Dominicana, fue aplazado nuevamente este viernes debido a incidentes procesales planteados por la defensa de los acusados.
El proyecto y las denuncias
El caso involucra a la Constructora Espinal Gautreaux y otras empresas vinculadas al desarrollo del proyecto, que habría comercializado alrededor de 1,200 unidades habitacionales entre villas, apartamentos y locales comerciales.
Según las denuncias, las propiedades fueron vendidas mediante una estructura empresarial que manejaba por separado los contratos y los pagos, utilizando la imagen de una fiduciaria para generar confianza entre los compradores, pese a que el fideicomiso nunca habría sido formalizado.
Las acusaciones señalan que más de 1,400 inversionistas, tanto dominicanos como extranjeros, resultaron afectados tras invertir sus ahorros en un proyecto que nunca fue construido. El expediente incluye presuntas promesas incumplidas, venta múltiple de terrenos, litigios sobre la propiedad de los solares y un movimiento bancario que supera los 10 millones de dólares.
Testimonios de las víctimas
A las afueras del Palacio de Justicia de Higüey, el inversionista español Manuel Pasquín aseguró que perdió más de US$350,000 en el proyecto. “Compré dos apartamentos en 2020 con la promesa de recibirlos en 2021, pero jamás se construyó nada. Más de 1,400 personas compraron en este mismo proyecto, que ha sido una estafa total”, denunció.
Pasquín afirmó que los mismos terrenos estarían siendo comercializados nuevamente bajo otro nombre, “Coconut”, por la misma compañía, lo que consideró una nueva estafa.
Estrategias dilatorias
El abogado Alan Ramírez, representante legal de varias víctimas, explicó que la audiencia fue aplazada por nuevas incidencias procesales promovidas por la defensa de los imputados.
“Nos encontramos en la etapa de juicio de fondo. Lamentablemente, por temas procesales y de derecho de defensa, la audiencia se ha aplazado nuevamente”, dijo.
Ramírez denunció que los acusados han recurrido a recusaciones de jueces, cambios constantes de abogados y solicitudes de defensores públicos como parte de una estrategia para retrasar el expediente. “Han venido con estrategias procesales. Llevan alrededor de diez u once abogados y eso ha provocado múltiples aplazamientos”, afirmó.
El jurista indicó que algunos imputados permanecen en rebeldía, mientras que otro está privado de libertad por no poder cubrir una garantía económica de RD$15 millones, además de haber sido condenado previamente en un proceso relacionado con Pasquín.
La próxima audiencia fue fijada para el 3 de agosto, donde las víctimas esperan que finalmente se conozca el fondo del caso.
Reclamo de intervención estatal
Otro de los abogados de las víctimas cuestionó que, pese a los procesos judiciales en curso, continúen promoviéndose nuevos proyectos inmobiliarios presuntamente vinculados a los mismos responsables.
“Nos sorprende que estos proyectos sigan desarrollándose y que el Estado no intervenga. Por eso continúan las estafas inmobiliarias”, expresó.
El jurista hizo un llamado al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), a los ayuntamientos y demás autoridades competentes para fortalecer los controles sobre los desarrollos inmobiliarios y evitar que nuevos inversionistas resulten afectados.
Impacto en la seguridad jurídica
Las víctimas consideran que este caso constituye una alerta sobre la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el sector inmobiliario dominicano, especialmente para proteger a los inversionistas nacionales y extranjeros que apuestan por el país.
