La jueza emérita del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez, y la exprimera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), Vanahi Bello Dotel, depositaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral al Código Penal dominicano con el objetivo de incorporar la violencia vicaria y fortalecer la protección contra la violencia doméstica, intrafamiliar y de género contra la mujer.
Entrega de la iniciativa
La propuesta fue recibida por la Secretaría General Legislativa y remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, durante la actual legislatura, cuyo período ordinario concluye el 26 de julio de 2026.
Las proponentes plantearon modificar la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal, al considerar que algunas disposiciones representaban un retroceso en materia de protección a las víctimas de violencia de género.
Artículos cuestionados
Entre los puntos señalados se encuentra el artículo 127, que sustituyó el concepto de “género” por “sexo” y eliminó a la mujer como sujeto pasivo específico del delito de violencia de género.
Asimismo, observaron vacíos en el artículo 124, como la falta de una definición legal de violencia física, pese a que esta conducta está sancionada por la norma, además de una excepción de responsabilidad penal vinculada a la disciplina de niños, niñas y adolescentes que consideraron incompatible con el artículo 56 de la Constitución dominicana.
Propuesta de modificación
La iniciativa contempla:
- Incorporar definiciones legales de género, violencia de género contra la mujer, violencia vicaria y violencia digital.
- Establecer la violencia vicaria como delito autónomo.
- Eliminar el párrafo IV del artículo 124.
Las juristas sustentaron la propuesta en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Objetivo de la reforma
De acuerdo con Jiménez Martínez y Bello Dotel, la propuesta busca realizar una corrección técnica al Código Penal para fortalecer su constitucionalidad y compatibilidad con compromisos internacionales, aclarando que no responde a una iniciativa de carácter ideológico.
Contexto del debate
La discusión sobre el nuevo Código Penal se ha intensificado en las últimas semanas, con críticas de sectores sociales, políticos y académicos que han advertido sobre disposiciones que podrían limitar la protección de las víctimas y el ejercicio de derechos fundamentales.
La propuesta de las juristas se suma a los reclamos de organizaciones feministas, colectivos ciudadanos y especialistas en derecho que han demandado una revisión más amplia de la normativa antes de su entrada en vigor.
