El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva estrategia internacional con el objetivo de reducir la influencia de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusa de exceder sus funciones y afectar la soberanía estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington impulsará una campaña diplomática para presionar a sus aliados a rechazar las acciones de la CPI y promover cambios contra la institución. Según el funcionario, la Corte representa una amenaza porque busca investigar y procesar a militares y funcionarios estadounidenses por actuaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, acuerdo que estableció la creación de la CPI. Durante la administración de Donald Trump, Washington ya había aplicado sanciones contra representantes del tribunal debido a investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y casos relacionados con funcionarios israelíes.
Entre las medidas anunciadas se contempla restringir el ingreso a territorio estadounidense de integrantes de la CPI, ampliar sanciones contra miembros del organismo y reforzar la presión sobre países aliados para que cuestionen la autoridad de la Corte.
El Departamento de Estado también planea convocar a diplomáticos extranjeros para exponer lo que considera acciones indebidas de la CPI y solicitar que algunas naciones reconsideren su participación en el tribunal internacional.
Rubio afirmó que la Corte intenta convertirse en una autoridad mundial sin controles suficientes y aseguró que Estados Unidos utilizará todos los recursos disponibles para limitar su alcance. La iniciativa ha generado críticas y podría aumentar las tensiones entre Washington y defensores del sistema internacional de justicia.
