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Gobierno establece por decreto Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública

Santo Domingo.– El Gobierno dominicano emitió el Decreto núm. 403-2026, mediante el cual establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información entre las instituciones del Estado y ofrecer servicios públicos más ágiles, seguros, integrados y eficientes.

La nueva normativa dispone un sistema de intercambio de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables bajo estándares comunes, con el propósito de optimizar la gestión de la información pública, reducir la burocracia y evitar que ciudadanos y empresas deban presentar documentos que ya reposan en otras entidades gubernamentales.

Entre las principales metas del decreto figuran la eliminación de la duplicidad documental, la mejora de la calidad de los datos administrados por el Estado y el desarrollo de servicios públicos digitales integrados que faciliten los trámites y la atención a la ciudadanía.

El decreto designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como órgano rector del marco, responsable de establecer los lineamientos, normas y protocolos de interoperabilidad y gobernanza de datos, además de supervisar su cumplimiento y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.

En tanto, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) tendrá a su cargo la operación técnica de la Plataforma Única de Interoperabilidad, considerada una infraestructura estratégica para el intercambio seguro de información entre las instituciones públicas.

Asimismo, las entidades estatales deberán mantener actualizados sus registros de datos y priorizar el intercambio de información entre organismos, conservando la responsabilidad y el control sobre los datos que administran.

La disposición también establece que los procesos y servicios públicos que requieran validar la identidad de los ciudadanos deberán desarrollarse en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), garantizando que la información obtenida del Registro Civil sea utilizada únicamente para fines legítimos y conforme a las competencias de cada institución, fortaleciendo la protección de los datos personales.

El Decreto núm. 403-2026 deroga el Decreto núm. 92-22, emitido en febrero de 2022, y amplía el alcance de la interoperabilidad en la Administración Pública como parte de la estrategia de transformación digital del Estado.

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