El expresidente de Haití Michel Martelly regresó este miércoles a Puerto Príncipe mientras continúa el proceso judicial relacionado con el asesinato del exmandatario Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
Martelly, quien no ha sido acusado por el crimen, forma parte de las figuras convocadas por la justicia haitiana para rendir declaraciones dentro de las investigaciones que buscan esclarecer el magnicidio.
De acuerdo con informaciones publicadas por el diario estadounidense Miami Herald, el exgobernante llegó a la capital haitiana en un vuelo de Sunrise Airways procedente de Cap-Haïtien y fue recibido en el aeropuerto Guy Malary por seguidores que acudieron para darle la bienvenida.
El exmandatario, quien dirigió Haití entre 2011 y 2016 y respaldó la candidatura presidencial de Jovenel Moïse, reside habitualmente en Miami. Su regreso al país ocurre en un momento de atención política, debido a que algunos analistas consideran que la visita podría estar relacionada con una posible intención de retomar actividades públicas y evaluar el escenario electoral.
Sin embargo, Martelly enfrenta obstáculos para una eventual vuelta a la política activa. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones en su contra por presuntos vínculos con narcotráfico, grupos armados y actos de corrupción, acusaciones que el exgobernante ha rechazado.
Además, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), fundado por Martelly y que tuvo una fuerte influencia en la política haitiana durante varios años, no figura entre las organizaciones habilitadas provisionalmente para participar en las próximas elecciones generales.
El retorno del exmandatario se produce mientras Haití atraviesa una profunda crisis institucional y de seguridad, con un gobierno de transición, ausencia de elecciones nacionales desde hace una década y un creciente control territorial de las pandillas en Puerto Príncipe y otras zonas del país.
El defensor de derechos humanos Pierre Espérance afirmó que Martelly tiene derecho a regresar a Haití como cualquier ciudadano, aunque señaló que el Estado no está obligado a ofrecerle protección especial, debido a que la ley solo contempla seguridad para los expresidentes durante los cinco años posteriores al final de su mandato.
