El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aceleró nuevas medidas para endurecer los requisitos migratorios y limitar la permanencia legal de extranjeros en Estados Unidos. Las disposiciones buscan reducir las posibilidades de acceso a la residencia permanente y acortar el tiempo de estadía de algunos grupos con visas especiales.
La Casa Blanca publicará próximamente en el Registro Federal dos nuevas regulaciones que habían sido preparadas desde el año pasado y que forman parte de la estrategia de la administración republicana para reforzar los controles migratorios.
Una de las principales modificaciones establece mayores obstáculos para obtener la residencia permanente, conocida como “green card”. A partir del 18 de septiembre, los funcionarios de inmigración tendrán mayor autoridad para rechazar solicitudes de extranjeros que consideren que podrían convertirse en una “carga pública” por depender de programas de asistencia del Gobierno.
La norma también afectará a quienes soliciten visas de inmigrante y no puedan demostrar suficiente estabilidad económica para mantenerse sin recurrir a beneficios públicos. Esta medida retoma políticas aplicadas durante el primer mandato de Trump, cuando se restringió el acceso a la residencia para ciertos inmigrantes que utilizaban programas de ayuda social.
Además, el Gobierno estadounidense anunció cambios en las condiciones de permanencia para estudiantes extranjeros, participantes de intercambio y periodistas internacionales. Los titulares de visas F y J tendrán un límite de cuatro años de estadía por cada periodo de admisión, mientras que los periodistas con visa I podrán permanecer hasta 240 días, con posibles extensiones. En el caso de comunicadores con pasaporte chino, el plazo máximo será de 90 días.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó las nuevas reglas al señalar que algunos extranjeros han permanecido en el país después del vencimiento de sus visas debido a fallas del sistema actual.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes criticaron las medidas y alertaron que podrían aumentar la discriminación contra solicitantes, al dejar mayor margen de decisión a los funcionarios migratorios para evaluar cada caso.
La administración Trump sostiene que estas acciones buscan disminuir la migración irregular y fortalecer la vigilancia del sistema migratorio estadounidense.
