El Ministerio de Interior y Policía (MIP) inició un proceso de construcción participativa del Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035, con el objetivo de establecer una ruta de acción a largo plazo que permita impulsar políticas públicas más efectivas para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la convivencia social.
La iniciativa se desarrolló mediante el taller “Formulación del Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035”, donde participaron representantes de instituciones del Estado, organismos especializados y miembros del sector privado, quienes analizaron estrategias para enfrentar los principales retos en materia de seguridad ciudadana.
Durante la jornada, la viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, Chandrai Estevez, destacó que garantizar la seguridad requiere del compromiso conjunto de las instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales.
Estevez afirmó que la seguridad ciudadana debe construirse mediante la cooperación, la coordinación y el trabajo colectivo de todos los sectores de la sociedad.
En tanto, el asesor de Seguridad Ciudadana del MIP, Pedro Guerrero, resaltó que las políticas públicas necesitan del respaldo de diversos actores para lograr resultados duraderos y responder de manera adecuada a las necesidades de la población.
Entre los temas abordados durante el encuentro estuvieron la planificación estratégica con visión de futuro, la estructura necesaria para ejecutar el plan, los desafíos del crimen organizado y otros factores que afectan la tranquilidad y la convivencia comunitaria.
La directora de Políticas Públicas del Ministerio de Interior y Policía, Laura Rodríguez, explicó que este plan funcionará como una herramienta de gestión pública vinculada con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Rodríguez señaló que la seguridad ciudadana no solo se limita a proteger la vida y los bienes de las personas, sino que también incluye fomentar la convivencia pacífica, fortalecer la integración social y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables.
El MIP indicó que este proceso busca incorporar las propuestas y necesidades de diferentes sectores del país para diseñar acciones más inclusivas, eficientes y sostenibles que permitan avanzar hacia comunidades más seguras y preparadas ante los nuevos desafíos.
