El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia TC/0536-26, un fallo que ha generado gran preocupación en el sector inmobiliario y entre los inversionistas. El caso revela que, aun cuando un inmueble cuenta con certificaciones de estado jurídico limpias, la transferencia puede quedar bloqueada por deudas tributarias del vendedor, lo que representa un riesgo significativo para compradores, fiduciarias e inmobiliarias.
El caso que encendió las alarmas
En 2025, un fideicomiso de desarrollo inmobiliario adquirió un inmueble respaldado por dos certificaciones expedidas por la jurisdicción inmobiliaria, en abril y noviembre de ese año. Ambas confirmaban que el bien estaba libre de cargas, gravámenes u oposiciones. El contrato de compraventa se firmó en junio sin novedades y todo parecía indicar que la operación estaba blindada jurídicamente.
Sin embargo, al momento de pagar los impuestos de transferencia en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la institución se negó a autorizar la operación. La razón: el vendedor, una persona física, mantenía deudas tributarias pendientes, lo que motivó a la DGII a presentar una oposición administrativa sobre el inmueble.
Ante esta situación, el fideicomiso interpuso una acción de amparo para obligar a la DGII a permitir el pago y concretar la transferencia. No obstante, el Tribunal Constitucional inadmitió la solicitud, argumentando que las medidas cautelares para garantizar créditos fiscales deben ventilarse en la jurisdicción contencioso-tributaria o contencioso-administrativa, no mediante amparo.
Consecuencias para el comprador
La decisión dejó al fideicomiso con dos opciones poco favorables: asumir las deudas tributarias del vendedor para poder avanzar con la transferencia, o iniciar un proceso judicial ordinario en las jurisdicciones correspondientes, lo que implica tiempo, costos adicionales y retrasos en el desarrollo del proyecto inmobiliario.
Este precedente marca un cambio importante en la práctica inmobiliaria dominicana. Hasta ahora, bastaba con solicitar el certificado de estado jurídico del inmueble para garantizar que estaba libre de cargas. Con la sentencia TC/0536-26, queda claro que esa certificación ya no es suficiente.
Lecciones aprendidas para compradores e inversionistas
La sentencia deja varias enseñanzas clave para quienes planean adquirir inmuebles en República Dominicana:
- Exigir certificado fiscal del vendedor: además del estado jurídico del inmueble, es imprescindible solicitar una certificación que confirme que el propietario está al día en el pago de impuestos.
- Depurar cargas fiscales: verificar que no existan oposiciones administrativas por deudas tributarias que puedan impedir la transferencia.
- Transferir de inmediato: una vez firmada la compraventa, realizar el pago de impuestos y la transferencia sin demoras, para evitar que surjan nuevas oposiciones.
Impacto en el sector inmobiliario
El fallo ha generado inquietud entre fiduciarias, inmobiliarias e inversionistas, quienes advierten que la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias se ve comprometida si no se amplían los mecanismos de verificación. La abogada María del Pilar Zuleta, a través de publicaciones en su cuenta de X, subrayó la importancia de este precedente y llamó a los compradores a tomar mayores precauciones.
Según Zuleta, la sentencia obliga a replantear los protocolos de compra y venta de inmuebles, ya que la simple certificación del estado jurídico no garantiza que la operación pueda concretarse. “El comprador debe asegurarse de que el vendedor esté al día con la DGII, porque de lo contrario puede encontrarse con un bloqueo inesperado”, señaló.
Un nuevo escenario para el mercado inmobiliario
La República Dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido en el sector inmobiliario, impulsado por fideicomisos de desarrollo y proyectos turísticos. Sin embargo, este fallo introduce un nuevo factor de riesgo que podría ralentizar las inversiones si no se establecen mecanismos claros de prevención.
Para los ciudadanos que están a punto de comprar un inmueble, la sentencia TC/0536-26 es una advertencia: no basta con confiar en el certificado de estado jurídico expedido por la jurisdicción inmobiliaria. Es necesario ampliar la debida diligencia y verificar también la situación fiscal del vendedor.
En definitiva, el caso demuestra que la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias depende de un enfoque integral que combine lo registral con lo tributario. Solo así se podrá garantizar que la inversión no quede atrapada en un limbo legal y que los proyectos inmobiliarios avancen sin contratiempos.
