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Corte Suprema de Brasil abre investigación sobre posible fraude en la financiación de película de Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil autorizó este jueves una investigación de la Policía Federal para esclarecer posibles irregularidades en el financiamiento de la película autobiográfica Dark Horse, basada en la vida del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena por intento de golpe de Estado.

La decisión fue aprobada por el juez André Mendonça, responsable del caso, que permanece bajo secreto judicial. La medida contó con el respaldo de la Fiscalía y busca determinar si la producción recibió dinero de origen irregular o recursos públicos.

Las autoridades investigan si la película fue financiada con fondos vinculados al empresario Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, quien permanece detenido por una investigación relacionada con presuntos fraudes financieros. Según reportes del medio Intercept Brasil, Vorcaro habría comprometido cerca de 24 millones de dólares para la realización del largometraje, de los cuales unos 12 millones habrían sido entregados entre febrero y mayo de 2025.

El caso también analiza la relación entre Vorcaro y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario y una de las principales figuras de la oposición brasileña. Aunque inicialmente negó su participación, el senador confirmó que negoció el patrocinio de la cinta, asegurando que la operación se realizó dentro de la legalidad.

La investigación surge en medio de otros cuestionamientos contra Vorcaro y el Banco Master, entidad que fue intervenida por el Banco Central de Brasil tras sospechas de un fraude millonario relacionado con créditos falsos.

Además, la Policía Federal pretende verificar si parte del dinero destinado a la película pudo haber sido utilizado para cubrir gastos del exdiputado Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, donde permanece desde 2025 alegando ser víctima de persecución judicial.

Las autoridades también buscan establecer si la producción recibió aportes provenientes de fondos públicos asignados a congresistas aliados del movimiento bolsonarista.

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