El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó para el 12 de agosto el fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción administrativa junto a otros imputados.
La decisión fue adoptada luego de concluir los debates sobre el incidente promovido por la defensa del exfuncionario, con el que procura que el tribunal declare extinguida la acción penal y ponga fin al proceso antes de conocerse el juicio de fondo.
Posiciones enfrentadas
Durante la audiencia anterior, celebrada el pasado lunes, el tribunal había aplazado el conocimiento del incidente tras rechazar un pedimento de la defensa de Rodríguez Sánchez para disponer de más tiempo en la presentación de sus conclusiones, acogiendo en cambio la solicitud formulada por el Ministerio Público.
En esa ocasión, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la petición de extinción carece de sustento jurídico y afirmó que el proceso debe continuar hasta el juicio de fondo. “El plazo para la extinción no es un plazo matemático, es un plazo que debe contemplar la magnitud y la complejidad del proceso”, expresó, citando criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y el Código Procesal Penal.
Ortiz también acusó a la defensa del exprocurador de emplear maniobras dilatorias durante el desarrollo de la audiencia. “Pasamos prácticamente tres horas para que el tribunal les estableciera nueva vez que solo disponían de dos horas para la presentación de su incidente”, manifestó.
Acusaciones de corrupción
De acuerdo con la acusación del órgano persecutor, Jean Alain Rodríguez habría encabezado una estructura que presuntamente malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en el que se desempeñó como procurador general de la República.
Además del exfuncionario, el expediente involucra a otros imputados que enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción administrativa, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Con el fallo ahora reservado, corresponderá al Segundo Tribunal Colegiado decidir la próxima semana si acoge o rechaza la solicitud de extinción de la acción penal planteada por la defensa de Rodríguez Sánchez.
