El Gobierno interino de Venezuela y sectores de la oposición acordaron avanzar en una reforma del sistema judicial y trabajar conjuntamente para recuperar las reservas de oro venezolanas valoradas en unos 1.900 millones de dólares, actualmente retenidas en el Banco de Inglaterra.
El acuerdo surgió tras la primera ronda de conversaciones entre ambas partes, iniciada el pasado 6 de agosto y desarrollada con el respaldo de Estados Unidos. Las delegaciones anunciaron que continuarán el diálogo en una fecha todavía por definir.
Uno de los principales puntos pactados es la transformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la creación de un nuevo mecanismo para postular y designar a los magistrados. La oposición considera que la reforma de la máxima corte es fundamental para avanzar hacia unas futuras elecciones.
Las negociaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, y Dinorah Figuera, dirigente de la bancada opositora que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015.
La líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra exiliada en Panamá, no participa directamente en las conversaciones, aunque ha expresado que no se opondrá al proceso.
Buscan recuperar el oro venezolano
Además de la reforma judicial, las partes acordaron concentrar esfuerzos en recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra.
Venezuela mantiene en esa institución lingotes de oro valorados en aproximadamente 1.900 millones de dólares, cuyo acceso permanece bloqueado por decisión de las autoridades británicas.
La disputa por estos fondos comenzó en 2019, cuando la oposición venezolana, que entonces controlaba el Parlamento, impulsó acciones para impedir que el Gobierno de Nicolás Maduro pudiera disponer de las reservas.
Recientemente, la presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó al rey Carlos III la liberación del oro para utilizar esos recursos en la atención de las víctimas de los terremotos registrados el 24 de junio, que, según la información suministrada, han dejado más de 6.300 fallecidos.
Reforma judicial y futuro electoral
El proceso de negociación también contempla cambios en normas relacionadas con los delitos de odio y terrorismo, leyes que sectores opositores consideran que fueron utilizadas para perseguir y encarcelar a adversarios políticos.
Desde la oposición se plantea que el calendario de unas futuras elecciones deberá ser establecido por un nuevo Consejo Electoral, cuya conformación estaría vinculada a las reformas institucionales.
Mientras las conversaciones avanzaban, decenas de personas protestaron frente al hotel donde se reunían las delegaciones y reclamaron mayor transparencia sobre los acuerdos alcanzados.
Figuera, por su parte, sostuvo encuentros con representantes de presos políticos, jubilados y trabajadores de la prensa, a quienes aseguró que trasladaría sus demandas a la mesa de negociación.
Una fuente opositora cercana al proceso señaló que existe comunicación directa entre las delegaciones y Estados Unidos, especialmente cuando se presentan asuntos considerados sensibles.
Pese a las críticas de algunos sectores contra la representación opositora que participa en las conversaciones, personas vinculadas al diálogo sostienen que la delegación reconoce a María Corina Machado como una de las principales figuras de la oposición venezolana.
El proceso representa un nuevo intento por establecer acuerdos políticos e institucionales que permitan avanzar hacia una eventual transición democrática en Venezuela, aunque todavía persisten diferencias entre los distintos sectores políticos sobre el alcance de las reformas y el futuro electoral del país.
