Buenos Aires. — El uso de tecnologías de vigilancia basadas en inteligencia artificial (IA) se ha ampliado en Argentina durante los últimos dos años del Gobierno del presidente Javier Milei, aumentando la capacidad del Estado para recopilar información, identificar personas y elaborar perfiles, según denunció este miércoles Amnistía Internacional.
En un informe titulado “Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina”, la organización advirtió que el crecimiento de estas herramientas representa una amenaza para los derechos humanos y cuestionó varias reformas impulsadas mediante decretos y resoluciones.
Entre 2024 y 2025, el Gobierno argentino adquirió tecnologías de vigilancia por unos 1,2 millones de dólares, entre ellas sistemas de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea.
Amnistía Internacional señaló que estas tecnologías permiten recopilar y analizar grandes cantidades de información procedente de redes sociales, sitios web, bases de datos públicas y la web oscura. También incluyen drones, cámaras térmicas y sistemas capaces de transmitir imágenes en tiempo real.
Según la organización, periodistas, activistas y migrantes se encuentran entre los grupos más afectados. Algunos de los entrevistados afirmaron que han reducido su participación en protestas o adoptado medidas de autocensura por temor a ser identificados mediante estos sistemas.
El informe se basó en 21 entrevistas realizadas a periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores de derechos humanos, además del análisis de contratos, documentos oficiales y datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información.
Ante esta situación, Amnistía Internacional pidió al Gobierno argentino establecer controles más estrictos sobre el uso de estas tecnologías y prohibir aquellas destinadas al reconocimiento biométrico remoto cuando puedan emplearse de manera discriminatoria.
La organización también reclamó mecanismos de regulación, supervisión y rendición de cuentas para garantizar que el uso de la inteligencia artificial no vulnere los derechos humanos ni limite injustificadamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
