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Países de la CPI denuncian que las sanciones de EE. UU. contra su presidenta debilitan el orden internacional

La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) expresó este miércoles su rechazo a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y el abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal, Abdoulaye Seye.

Los países miembros de la CPI advirtieron que estas medidas pueden debilitar el Estado de derecho y afectar el orden internacional basado en normas. La Asamblea señaló que las sanciones representan un intento de obstaculizar el trabajo de la Corte y de su personal.

El organismo, integrado por los 125 países que forman parte del Estatuto de Roma, recordó que Estados Unidos no pertenece a este tratado internacional. En un comunicado, manifestó su preocupación por la creciente presión ejercida por Washington contra funcionarios de la CPI.

Advierten sobre impacto en las investigaciones

Los Estados miembros alertaron que la escalada de sanciones podría perjudicar las investigaciones que actualmente lleva adelante la Corte y dificultar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia a las víctimas de los delitos más graves.

La Asamblea llamó a los países integrantes del Estatuto de Roma a mantener su respaldo a la CPI y a defender los principios de la justicia internacional.

Las nuevas sanciones se producen en medio de las tensiones entre Washington y la Corte por las investigaciones relacionadas con Afganistán e Israel.

Estados Unidos se opone, entre otras medidas, a las órdenes de arresto emitidas por la CPI en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.

La Administración del presidente Donald Trump ha impulsado medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinadas investigaciones de la CPI. La Asamblea considera que esta política de presión puede limitar la capacidad del tribunal para cumplir con su misión de investigar y juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.

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