La propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente chileno, José Antonio Kast, para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo ha generado preocupación entre especialistas y distintos sectores políticos, debido a las amplias facultades que entregaría al Ejecutivo.
La iniciativa permitiría al mandatario establecer, sin una consulta previa al Congreso, un estado de excepción de hasta ocho meses, durante el cual podría restringir la libre circulación, el derecho de reunión y asociación, además de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos.
El abogado constitucionalista Javier Couso cuestionó la necesidad de la reforma y afirmó que la actual Constitución ya contempla herramientas suficientes para que el Gobierno implemente medidas contra el crimen organizado y el terrorismo.
El especialista en seguridad Jorge Araya también criticó la propuesta y calificó algunas de sus disposiciones como excesivas. Según señaló, el Gobierno debería concentrarse en fortalecer las instituciones de seguridad y destinar mayores recursos para mejorar su capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales.
Gobierno defiende las nuevas facultades
El Ejecutivo sostiene que las medidas buscan enfrentar zonas donde operan grupos criminales y terroristas con alta capacidad de organización. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la necesidad de contar con atribuciones extraordinarias para intervenir sectores de difícil acceso para las autoridades.
La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chilenos. De acuerdo con una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, el 96 % de los ciudadanos considera que las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza directa para la seguridad nacional.
La propuesta forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que contempla ocho modificaciones a la Constitución. A esto se suman 19 proyectos de ley que ya se encuentran en trámite parlamentario y otras iniciativas relacionadas con seguridad.
Expertos advierten riesgos para la democracia
Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el nivel de poder que podría acumular el Presidente durante un estado de excepción. Especialistas consultados consideran que la iniciativa podría debilitar los mecanismos de control y los contrapesos entre las instituciones del Estado.
El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Diego Pardo sostuvo que existe un riesgo para el principio democrático cuando se otorgan atribuciones discrecionales al Ejecutivo sin suficientes controles parlamentarios y judiciales.
Entre los aspectos que generan mayor preocupación está la posibilidad de interceptar comunicaciones sin una orden judicial. Pardo recordó que este tipo de mecanismos fueron utilizados durante la dictadura chilena contra opositores políticos, antecedente que aumenta las dudas sobre la propuesta.
Por su parte, el constitucionalista Francisco Zúñiga calificó la iniciativa como un caso de “populismo constitucional”, al considerar que presenta facultades extraordinarias como una respuesta inmediata frente al problema de la inseguridad.
Kast ha rechazado que su propuesta implique un debilitamiento de la democracia y ha defendido su compromiso con las instituciones y los resultados electorales.
La reforma comenzará a discutirse en el Congreso a principios de septiembre. Ante las críticas surgidas incluso entre sectores de la derecha y del oficialismo, el Gobierno mantiene conversaciones con los parlamentarios y no descarta introducir modificaciones al proyecto antes de su eventual votación en el Senado.
