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Nicaragua aprobará el 21 de septiembre reforma que limitará candidaturas de opositores desnacionalizados

Nicaragua aprobará el 21 de septiembre reforma que limitará candidaturas de opositores desnacionalizados

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobará el próximo 21 de septiembre, en primera legislatura, una reforma constitucional que limitará la participación electoral de opositores que hayan sido desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”.

El anuncio fue realizado este sábado por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien informó que las consultas sobre las modificaciones constitucionales concluirán el 1 de septiembre.

La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Ortega, deberá ser aprobada nuevamente en una segunda legislatura para entrar en vigor. Esta segunda votación corresponderá al próximo periodo legislativo, previsto entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.

La reforma se plantea en medio de la incertidumbre sobre el futuro político y electoral de Nicaragua. El pasado 19 de julio, Ortega afirmó durante un acto público en Managua que en el país “no volverán a haber elecciones”, al cuestionar a sectores de la oposición.

Las declaraciones provocaron preocupación y rechazo de varios gobiernos y organismos internacionales. Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil, Perú y la Unión Europea, entre otros, han expresado su inquietud por la situación política nicaragüense.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) también convocó una reunión extraordinaria de cancilleres para abordar las declaraciones del mandatario y la situación electoral del país.

Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, reformas constitucionales anteriores ampliaron el periodo presidencial y trasladaron los comicios a noviembre de 2027.

Ortega permanece en el poder desde 2007 y gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la copresidencia tras una reforma constitucional aprobada en 2025.

La nueva propuesta constitucional podría modificar nuevamente las condiciones de participación política en Nicaragua y aumentar las críticas internacionales sobre el rumbo democrático del país.

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