El senador de la Fuerza del Pueblo (FP), Félix Bautista, reintrodujo un proyecto de ley que plantea sustituir el marco jurídico vigente sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, mediante la derogación de la Ley 6132, promulgada en 1962.
La iniciativa busca establecer nuevas reglas para el ejercicio de la libertad de expresión, el funcionamiento y responsabilidad de los medios de comunicación, así como los procedimientos relacionados con la difamación, la injuria y el derecho de rectificación.
Aspectos centrales de la propuesta
Entre los puntos más relevantes figuran el reconocimiento de la cláusula de conciencia de los periodistas, la protección de las fuentes periodísticas y mayores garantías para la difusión de informaciones y opiniones sobre asuntos de interés público.
El proyecto establece un procedimiento de conciliación previa antes de acudir a los tribunales en determinados casos y fija en 30 días el plazo para iniciar acciones por difamación e injuria. Asimismo, dispone que los tribunales deberán decidir el fondo de estos procesos en un plazo máximo de 15 días una vez el expediente quede en estado de fallo.
La normativa contempla mecanismos para ejercer el derecho de rectificación y respuesta en medios impresos, digitales, radio, televisión y publicaciones, delimitando aquellas expresiones que no constituirían difamación o injuria, incluyendo críticas a funcionarios, leyes, decisiones oficiales y manifestaciones protegidas constitucionalmente.
Equilibrio y actualización normativa
Uno de los puntos sensibles de la propuesta es el equilibrio entre la libertad de prensa y expresión, el derecho ciudadano a la información y la protección del honor y la vida privada, estableciendo responsabilidades posteriores cuando se produzcan abusos en el ejercicio de estos derechos.
La Ley 6132 ha regulado la expresión y difusión del pensamiento en República Dominicana por más de seis décadas. Sin embargo, los cambios tecnológicos y la transformación del ecosistema de medios, con la expansión de los periódicos digitales, las redes sociales y nuevas plataformas de comunicación, han generado la necesidad de actualizar las normas.
El proyecto del senador Bautista, representante de la provincia San Juan, plantea sustituir ese marco por una legislación que incorpore estas nuevas realidades y establezca mayores garantías para periodistas, medios y ciudadanos, junto con mecanismos para determinar responsabilidades en casos de abusos.
La propuesta deberá ser sometida al proceso legislativo en ambas cámaras antes de convertirse en ley. De aprobarse, representaría una modificación sustancial del régimen jurídico que regula la libertad de expresión en el país desde 1962.
