El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este martes el Informe de Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana 2026, titulado Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible. El estudio reconoce avances en la capacidad del sistema judicial para resolver casos, reducir mora y digitalizar procesos, pero advierte que estas mejoras no se traducen automáticamente en un acceso efectivo y equitativo para toda la población.
Avances institucionales
La representante residente del PNUD, Ana María Díaz, destacó que el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, con más de tres millones de documentos firmados digitalmente y alrededor del 66 % de trámites procesados electrónicamente. Entre 2021 y 2025, los casos resueltos pasaron de 452,869 a más de 1.1 millones, mientras que la tasa de resolución subió de 90.8 % a 98.4 %.
Barreras persistentes
El informe identifica obstáculos económicos, territoriales, procedimentales, digitales y socioculturales que dificultan iniciar y sostener un proceso judicial. Una encuesta exploratoria reveló que el 39.3 % de los usuarios enfrentó dificultades, principalmente demoras (63 %), costos legales (46 %), calidad de atención (26 %) y distancia de traslado (26 %).
La brecha digital también persiste: el 70.8 % de los consultados desconocía la existencia del sistema en línea para trámites judiciales, mientras que solo el 9 % afirmó conocerlo y utilizarlo.
Diferencias territoriales
Los datos muestran desigualdades en el acceso: en 2025, el Distrito Nacional registró 2,689 expedientes por cada 10,000 habitantes, frente a 600 en Barahona y 316 en Santiago. Estas diferencias reflejan concentración institucional y desigual capacidad de registro y litigiosidad.
Justicia centrada en las personas
El PNUD propone una visión de justicia habilitadora, resiliente y adaptativa, que combine eficiencia procesal con igualdad de acceso, comprensión de los procedimientos y protección de poblaciones vulnerables. Entre las 11 rutas de acción planteadas figuran: llevar servicios a territorios con mayor necesidad, usar lenguaje claro, fortalecer mediación y conciliación, combinar herramientas digitales con apoyo presencial y ampliar medidas de protección.
