La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este miércoles a los empresarios e industriales que “no hay nada que temer” respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el nuevo Código Penal. No obstante, advirtió que es indispensable adoptar una cultura organizacional respaldada por programas de cumplimiento normativo que prevengan riesgos penales y, de ocurrir estos, los denuncien.
Responsabilidad penal empresarial
Reynoso explicó que las personas jurídicas responden penalmente cuando concurre el hecho punible y se evidencia una falla corporativa. Aclaró que el espíritu de la ley no es disolver empresas, sino fomentar un entorno de competitividad más sano y evitar que las corporaciones sean utilizadas como fachada para cometer ilícitos.
“La empresa no es castigada por el delito del empleado individual, sino por el incumplimiento preventivo; por eso la norma preventiva es indispensable”, puntualizó.
Intervención en la AIRD
Durante su exposición en la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sobre las nuevas disposiciones de las leyes 74-95 y 44-26, la procuradora general afirmó que las autoridades están conscientes de que una economía sana requiere de empresas fuertes y marcos jurídicos claros, elementos indispensables para consolidar el Estado de derecho.
Manifestó la disposición del Ministerio Público de colaborar en la coordinación de programas de formación y capacitación gratuitos, con énfasis en derechos humanos, inclusión y autonomía de los órganos de control internos de las empresas.
Empresas penalizadas
Reynoso sostuvo que la gran mayoría de las compañías disueltas por orden judicial desde 2020 —cerca de 100— son “empresas de carpeta” vinculadas al crimen organizado y creadas con el único fin de delinquir. “No son las empresas que aportan impuestos, que generan riqueza o que crean fuentes de empleo”, aclaró.
Detalló que al investigar esas entidades ficticias lo primero que se evidencia es la evasión total de impuestos y la ausencia de registros de empleados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Instructivo general
La procuradora adelantó que se elabora un instructivo general que entrará en vigencia antes del 7 de noviembre, fecha en que comienza a aplicarse la responsabilidad penal de las empresas establecida en la Ley 44-26. La directriz servirá para orientar a los fiscales sobre cómo perseguir estos delitos.
Posición empresarial
Previo a la exposición de Reynoso, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, manifestó que con las nuevas normativas “no basta con manuales, códigos o protocolos”. Consideró necesario identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar procesos.
Brache señaló que, aunque supone nuevas responsabilidades, también representa una oportunidad para las empresas de alcanzar una mejor gestión interna, reducir riesgos, proteger la reputación y generar mayor confianza entre trabajadores, clientes, proveedores e inversionistas.
“Las empresas necesitan un entorno institucional en el cual el cumplimiento sea valorado y la ilegalidad tenga consecuencias. La competencia debe producirse sobre la base de productividad, innovación, calidad y eficiencia; nunca sobre las ventajas de actuar al margen de la ley”, concluyó.
