El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentó este martes una apelación de urgencia ante el Tribunal Supremo para que se autorice el uso del sistema SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios) en la revisión de los padrones electorales estatales, con el objetivo de identificar a supuestos ciudadanos no estadounidenses.
Originalmente diseñado para verificar beneficiarios de ayudas públicas, el programa fue modificado por la Administración Trump para ampliar sus fuentes de datos —incluyendo información de la Seguridad Social— y permitir que autoridades estatales enviaran grandes lotes de registros de inscripción de votantes, en lugar de verificaciones caso por caso.
Críticas y riesgos
Investigaciones revelaron que el sistema comenzó a catalogar erróneamente como no ciudadanos a personas que sí eran estadounidenses, lo que generó preocupación por el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos legítimos.
En junio, una jueza federal del Distrito de Columbia dictaminó que el uso del SAVE era ilegal, al considerar que violaba leyes de privacidad y normativas sobre el uso de datos de la Seguridad Social, además de crear un sistema con un riesgo considerable de señalar incorrectamente a votantes.
Argumentos de la Fiscalía
La Fiscalía General calificó el fallo como “indefendible” y advirtió que “amenaza la integridad de las próximas elecciones”, defendiendo la necesidad de aplicar el sistema para garantizar la seguridad electoral.
Restricciones adicionales
La apelación se suma a otro recurso presentado por la Casa Blanca para que el Supremo desbloquee nuevas directrices que permitirían al Servicio Postal restringir el voto por correo, considerado por Trump como otra fuente de fraude.
