El presidente de la nación, Javier Milei, ha remitido al Parlamento la propuesta de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el propósito de sustituir el marco normativo actual para castigar la extracción ilegal de riquezas en las Malvinas y reforzar los mecanismos de protección territorial.
La propuesta difundida por la Oficina del Ejecutivo se fundamenta en tres pilares esenciales: castigar a quienes aprovechen de manera ilegítima los recursos naturales del archipiélago, establecer mecanismos disuasorios para frenar dichas prácticas en la región, y proveer al Estado de mayores recursos legales y tácticos frente a posibles amenazas externas. Desde el Gobierno calificaron este paso como un acontecimiento trascendental en la senda hacia la restitución territorial de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La iniciativa legislativa plantea anular la Ley 26.659 —establecida en 2011 durante la administración de Cristina Fernández y enfocada en castigar las operaciones de hidrocarburos— para implantar un nuevo texto. Esta flamante regulación extiende su jurisdicción a los bienes naturales renovables y no renovables en las islas, sus áreas marítimas adyacentes y la Plataforma Continental Argentina.
Dentro del ámbito penal, la normativa incrementa de forma notable las sanciones para las prácticas extractivistas: las tareas de prospección y exploración sin aval oficial pasarán a sancionarse con entre 12 y 15 años de cárcel (superando el rango anterior de 5 a 10 años). Asimismo, las actividades de extracción, traslado y acopio verán elevadas sus penas de 10 a 15 años hasta un intervalo de 15 a 20 años de prisión, incorporando además castigos específicos para quienes intervengan en la explotación de otros bienes, tales como la actividad pesquera.
Paralelamente, el texto contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional enfocado en salvaguardar las infraestructuras clave y la soberanía del país, motivo por el cual el oficialismo requirió a los legisladores otorgar máxima prioridad al debate parlamentario. Frente a los cuestionamientos de sectores opositores que vinculan este cambio de postura con especulaciones electorales de cara a los comicios de 2027, el mandatario rechazó tajantemente tales señalamientos, consolidando así un perfil marcadamente nacionalista en defensa de los archipiélagos australes.
