Por Awilma Nuñez —. Santo Domingo. — Juristas, funcionarios y representantes del sistema de justicia destacaron la importancia de garantizar el debido proceso y proteger los derechos fundamentales durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional.
El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar la aplicación de las normas constitucionales en los procesos penales, así como los desafíos relacionados con el respeto a las garantías fundamentales, el acceso a la justicia, la igualdad entre las partes y la imparcialidad.
El director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, señaló que la aplicación de las normas penales debe sustentarse en las garantías y derechos establecidos en la Constitución dominicana. Indicó que tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal están vinculados con esos principios constitucionales.
Durante el congreso, el juez del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas resaltó que el debido proceso debe ser comprendido y respetado por todos los actores que intervienen en los procedimientos judiciales. Sostuvo que toda persona debe ser juzgada conforme a la Constitución y las normas que regulan el proceso.
“El debido proceso no implica impunidad, implica garantías”, afirmó Vargas, al explicar que un proceso penal debe respetar las reglas constitucionales, independientemente de que concluya con una condena.
En tanto, la jurista Miriam Germán Brito destacó la necesidad de preservar el debido proceso en la administración de justicia y sostuvo que este no debe convertirse en un mecanismo de venganza. Afirmó que la correcta aplicación del derecho contribuye a garantizar una sociedad libre.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, felicitó al Tribunal Constitucional por promover este tipo de espacios y valoró las iniciativas dirigidas a fortalecer el respeto al debido proceso como parte del sistema democrático.
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, resaltó la participación de representantes de distintos países y la oportunidad de analizar temas vinculados con las garantías judiciales, el acceso a la justicia, la igualdad procesal y la imparcialidad.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, explicó que el debido proceso tiene incidencia en diferentes áreas del derecho, pero adquiere especial importancia en materia penal debido a que estos procedimientos pueden afectar derechos fundamentales como la libertad.
De su lado, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, destacó que el respeto al debido proceso no corresponde únicamente a los jueces, sino que también debe estar presente durante las investigaciones y diligencias realizadas por los organismos encargados de la persecución penal.
Ramos explicó que la investigación debe desarrollarse de manera objetiva e involucra a la Policía Nacional, el Ministerio Público y posteriormente a los tribunales, que deben verificar que las actuaciones se hayan realizado conforme a las garantías establecidas.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, valoró el carácter internacional del congreso y consideró que el derecho constitucional constituye un asunto de interés global. Asimismo, resaltó la importancia de contar con espacios destinados al análisis y la reflexión jurídica.
Desde Puerto Rico, el procurador general Omar Andino Figueroa consideró que el encuentro permite a magistrados y profesionales del derecho intercambiar experiencias, comparar sistemas jurídicos e identificar áreas susceptibles de mejora.
Por su parte, el abogado Julio Cury planteó que el debido proceso debe ser visto también como un mecanismo de control frente al poder punitivo del Estado. Durante su intervención, cuestionó actuaciones del Ministerio Público que, según afirmó, habrían excedido los límites de ese poder.
La procuradora adjunta Fior D’Aliza Alduey Mercedes valoró que el congreso abordara tanto la persecución penal como las garantías necesarias para proteger los derechos de las personas involucradas en los procesos judiciales.
Los participantes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el conocimiento y la aplicación del debido proceso, así como de promover espacios de formación que permitan a los distintos actores del sistema de justicia y a la ciudadanía conocer mejor las garantías establecidas por la Constitución.
El procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, Juan Carlos Bircann Sánchez, consideró que este tipo de encuentros también beneficia a la ciudadanía, al contribuir a su capacitación y concienciación sobre sus derechos y las reglas que deben regir la administración de justicia.
