Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este martes una demanda presentada contra el decreto del presidente Javier Milei que eliminó las restricciones para la venta de tierras rurales a personas y empresas extranjeras.
El máximo tribunal determinó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no contaba con la legitimidad necesaria para presentar el reclamo. Además, consideró que la demanda no acreditaba un perjuicio concreto contra la soberanía nacional.
La resolución deja sin efecto el planteamiento judicial que había cuestionado el artículo 154 del Decreto 70/2023. En marzo de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado inconstitucional esa disposición, que derogó las restricciones establecidas para la propiedad extranjera de tierras rurales.
Cambios en la legislación
La Ley 26.737 establecía que las personas o empresas extranjeras no podían poseer o adquirir más del 15 % de las tierras rurales de Argentina. Esa limitación fue eliminada mediante el Decreto 70, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones en diferentes áreas del sistema jurídico del país.
El CECIM, organización integrada por excombatientes de la guerra de Malvinas de 1982, cuestionó la medida al considerar que podía poner en riesgo la soberanía territorial argentina.
Tras conocerse el fallo, la organización manifestó su desacuerdo y afirmó que la decisión judicial facilita la adquisición de territorios argentinos por parte de extranjeros.
El debate continúa en el Congreso
La propiedad de tierras por parte de extranjeros también ha generado controversia en el Congreso argentino. Durante 2026, el Gobierno de Milei impulsó un proyecto de ley destinado a modificar las normas relacionadas con el derecho de propiedad y reducir algunas restricciones para favorecer, según el Ejecutivo, la llegada de inversiones y fortalecer la seguridad jurídica.
La iniciativa provocó protestas y un intenso debate legislativo. Uno de sus apartados más cuestionados, que buscaba reducir las limitaciones para que personas y empresas extranjeras compraran tierras, fue retirado por el oficialismo en el Senado antes de la discusión del proyecto.
También fue eliminado un capítulo relacionado con el uso de terrenos afectados por incendios en zonas rurales, una disposición que había recibido críticas de organizaciones ambientalistas.
Con el fallo de la Corte Suprema, la demanda presentada por el CECIM queda desestimada, mientras la discusión sobre la propiedad de tierras rurales y la participación de capital extranjero continúa formando parte del debate político y social en Argentina.
