Nadie se cuela en una fila en el banco o en una oficina pública convencido de estar cometiendo un abuso. El conductor que invade el carril en la avenida John F. Kennedy, el delivery que viene en vía contraria, el cliente que humilla a quien lo atiende o quien convierte una discrepancia en redes en un insulto creen, simplemente, que su urgencia, su dinero o su opinión les conceden una excepción. Detrás de esos gestos hay una idea equivocada de la libertad. El respeto no la recorta: la hace posible. Y una sociedad que no sabe imponerse límites termina pidiendo que se los impongan desde fuera.
En Sin respeto. Una crisis social, Byung-Chul Han advierte que el sentido comunitario se deteriora cuando la atención al propio yo desplaza el cuidado del otro. Cuidarse es legítimo; el problema surge cuando ese cuidado se convierte en una autorización permanente para desentenderse de todo deber. En las redes lo vemos todos los días: el ghosting, la humillación pública, la conversión de cualquier desacuerdo en ofensa personal, la “superioridad intelectual” contra aquel que no tiene un vocabulario extenso porque simplemente le canta a un barrio. Toda relación humana exige aceptar que, a veces, escuchar, acompañar o cumplir una promesa resultará incómodo. Si nuestra comodidad decide siempre, los demás terminan viviendo de lo que nos sobra.
La libertad es algo más que escoger: exige hacerse cargo de lo escogido. Quien reclama libertad para hablar debe admitir que sus afirmaciones sean examinadas; quien defiende su propiedad, reconocer los derechos de sus vecinos; quien exige un trato digno, ofrecerlo también a quien carece de poder para reclamarlo. El espacio que cada uno necesita para su proyecto debe estar disponible también para los demás, y una comunidad solo es habitable cuando sus miembros aceptan esa reciprocidad aunque nadie los observe.
Esa responsabilidad tiene una dimensión política. Las leyes son indispensables para proteger derechos y contener abusos, pero la convivencia diaria depende sobre todo de conductas que asumimos sin esperar sanción: respetamos un turno porque el tiempo ajeno cuenta y cumplimos un acuerdo porque alguien confió en nuestra palabra. Cuando esa disposición se debilita, pedimos una intervención para cada conflicto y caemos en una contradicción: queremos orden en la calle, pero justificamos nuestra imprudencia; exigimos instituciones serias, pero celebramos el favor que nos ahorra el procedimiento; defendemos la libertad de expresión, pero la usamos para humillar.
Por eso, una defensa consecuente de la libertad debe tomar en serio la formación del carácter. La familia enseña, con su ejemplo, si una obligación se cumple cuando deja de ser agradable. La escuela muestra si disentir sirve para aprender o autoriza a ridiculizar. Las empresas revelan, en el trato a trabajadores y clientes, cuánto vale la dignidad que proclaman.
La autoridad no queda exenta. Invocar el respeto para impedir una pregunta, encubrir un abuso o exigir obediencia personal corrompe su significado. El ciudadano puede cuestionar a un funcionario; el trabajador, denunciar un atropello; el hijo, señalar una injusticia. Firmeza y consideración pueden convivir, y quien ocupa una posición de poder tiene una responsabilidad especial de demostrarlo.
En la discusión pública, el respeto se prueba frente a la idea que nos disgusta. Escucharla supone conceder a quien la formula la oportunidad de explicarse; después podremos refutarla con toda la fuerza de nuestros argumentos. La humillación puede ganar aplausos, pero deja intacta la cuestión de fondo y cierra la puerta a cualquier entendimiento.
Antes de exigir otra medida para corregir la conducta ajena, convendría preguntarnos qué límites estamos dispuestos a imponernos. Los gestos que el respeto exige son modestos, pero contienen una decisión fundamental: aceptar que el mundo no nos pertenece. Una sociedad que necesita vigilancia para cada gesto ha perdido algo más que los buenos modales: ha debilitado su capacidad de vivir en libertad.
Por: Martín Valerio Jiminián
Abogado
